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7
de marzo de 2018
Núm.
60
CORTES
GENERALES
DIARIO
DE SESIONES
SENADO
XII
LEGISLATURA
PLENO
PRESIDENCIA
DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ
Sesión
núm. 32
celebrada
el miércoles, 7 de marzo de 2018
...
p.
153
7.1.
MOCIÓN POR LA QUE EL SENADO EXPRESA SU RECONOCIMIENTO A LA REALIDAD
PLURILINGÜE DEL ESTADO E INSTA AL GOBIERNO A CUMPLIR LA CARTA
EUROPEA DE LENGUAS REGIONALES O MINORITARIAS, RESPETANDO LAS
POLÍTICAS DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS.
(Núm. exp. 662/000099)
AUTOR: GPV
El señor presidente da lectura al punto 7. y 7.1
El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado doce
enmiendas: siete del Grupo Parlamentario Mixto —seis por iniciativa
de los senadores Mulet y Navarrete, y una por iniciativa del senador
Yanguas—; una del Grupo Parlamentario Socialista; dos del Grupo
Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; una del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado; y una de Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana.
(Rumores).
p. 154
Señorías, guarden silencio, por favor.
(Continúan los rumores).
Señorías, guarden silencio o abandonen el hemiciclo en silencio,
por favor.
(Rumores).
Señorías, abandonen el hemiciclo en silencio pero con cierta
premura, si puede ser.
Muchas gracias.
Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario Vasco,
tiene la palabra la senadora Ahedo.
La señora AHEDO CEZA:
Eskerrik asko, lehendakari jauna. Egun on guztioi;
muy buenos días a todos y a todas.
Presentamos una moción que queremos que refrende y defienda la
realidad plurilingüe del Estado, que es un hecho creo innegable.
Las lenguas suponen diversidad, las lenguas suponen riqueza, y en el
Estado contamos con varias, algunas oficiales y otras no —el
catalán, el gallego, el euskera, el bable, el aranés, el leonés;
no me quiero dejar ninguna—, y también, como me ha recordado la
senadora Lima, la lengua de signos. Gracias, senadora. Contamos con
varias lenguas que merecen defensa y, si fuese necesario, también
protección. Yo creo que esto, que es muy genérico, es algo sencillo
de acordar y en lo que todos podríamos estar de acuerdo y firmar.
Espero que en el resto de lo que les voy a presentar también.
La verdad es que cuando pasamos de lo genérico al día a día, vemos
que la situación actual de las lenguas minoritarias en el Estado es
francamente mejorable. La Administración debe garantizar que la
ciudadanía pueda relacionarse con ella en el idioma que elija en
aquellas comunidades autónomas que cuenten con más de una lengua.
Desgraciadamente, en el día a día constatamos que esto no se
produce, al menos, en Euskadi. Y voy a hablar de lo que conozco,
pues, aunque sea una moción general, creo que es válido para todas
las lenguas del Estado.
La Administración general del Estado no asegura ni facilita que la
ciudadanía se relacione con ella en euskera, por ejemplo. El
personal dependiente de la Administración del Estado que puede
desarrollar su labor en euskera es mínimo y, por ejemplo, en el caso
de la justicia, un tema tan sensible ante el que cualquier ciudadano
o ciudadana se puede sentir especialmente vulnerable, esa capacidad
de desarrollar su labor en euskera es tendente a cero.
Yo no quiero extenderme con la legislación, pero no puedo pasar por
alto, por ejemplo, el artículo 3 de la Constitución, que no solo
reconoce las diferentes lenguas, sino que en su punto 3 dice que la
riqueza de las distintas modalidades lingüísticas es un patrimonio
cultural que será objeto de especial respeto y protección. También
podríamos ir a los diferentes estatutos de autonomía; si lo hacen,
pueden ustedes leer el artículo 6.º del de Cataluña, el 5.º del
de Galicia, el 4.º del de Baleares o el 6.º del de el País Vasco,
el Estatuto de Gernika, que dice que el euskera, lengua propia del
pueblo vasco, tendrá como el castellano carácter de lengua oficial
en Euskadi y que todos sus habitantes tienen el derecho a conocer y
usar ambas lenguas. No voy a seguir con la legislación porque queda
claro que la Administración tiene una obligación y que la
ciudadanía tiene un derecho. Por eso, yo ahora solo voy a citar la
Declaración universal de los derechos lingüísticos, que reconoce
la libertad que tiene una persona de elegir el idioma en el que
quiera comunicarse tanto en lo privado como en lo público. Pero esta
libertad de elección reconocida en una declaración universal de
derechos no es tal porque el derecho está reconocido, pero no
siempre se puede ejercer.
Por eso hemos presentado esta moción, para expresar el
reconocimiento de la realidad plurilingüe del Estado, y, para ello,
señalamos tres puntos que no necesitan mucha explicación, así que
voy a ser breve. El primero insta al Gobierno a cumplir la Carta
europea de las lenguas regionales o minoritarias. El Reino de España,
todos ustedes lo saben, ratificó esta carta en el año 2001, hace
diecisiete años. En el momento de la ratificación esta carta se
convirtió en una norma a cumplir. Hay unos compromisos adquiridos y
la carta establece unas medidas, unas medidas que, en líneas
generales, la Administración General del Estado no cumple. De ahí
este primer requerimiento. El segundo plantea que se respeten las
políticas de normalización lingüística de las comunidades y se
fomenten planes de uso en la Administración General del Estado
cuando presta servicios en las mismas. No es la primera vez que
pedimos esto, y en algunas ocasiones incluso ha sido aprobado, pero
parece ser que, como dice el dicho, el papel lo aguanta todo, porque
la realidad es que no se ha hecho absolutamente nada. No decimos que
sea sencillo, ni que todo pueda ser hecho de forma inmediata, pero no
vemos ningún problema en que el Estado
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fomente planes de uso, en nuestro caso, del euskera, en coordinación
con el Gobierno vasco y en consonancia con las políticas de
normalización lingüística. Es una cuestión exclusivamente de
compromiso y de voluntad.
Y en el tercero instamos a que se tengan en cuenta las necesidades de
la población y la realidad sociolingüística de las diferentes
comunidades. Me van a perdonar pero me voy a referir nuevamente al
ejemplo de Euskadi. En este momento, tras muchos años de trabajo y
con mucho por hacer todavía, aproximadamente el 55 % de la población
vasca es bilingüe activa o massiva y un 45 % monolingüe en
castellano. Probablemente para comunidades con otros idiomas esto
parezca casi irrisorio, pero para un idioma que ha estado en la
situación del euskera hasta hace muy pocos años es un logro sobre
el que tenemos que seguir incidiendo. Y esta realidad, que en este
momento hay más población bilingüe que monolingüe, debe ser
conocida y reconocida. A esta realidad, la Administración tendrá
que darle una respuesta, porque el Gobierno algo tendrá que hacer.
En el punto anterior, en el punto 2, les decíamos que se tendrían
que hacer planes de normalización lingüística o de uso. Y en este
punto 3 les pedimos que se tenga en cuenta esta realidad y estas
necesidades de la población a la hora de organizar los procesos de
selección de personal de la Administración General del Estado.
Probablemente, algún grupo me hablará luego de igualdad de acceso
al empleo público y me dirá que con esto no la estamos
garantizando. No nos engañemos, esta no es la cuestión. La igualdad
no está en absoluto en juego con la propuesta que hoy les ponemos
encima de la mesa.
Porque estamos hablando del perfil que deben tener las diferentes
plazas de la Administración para garantizar que se presta el
servicio en las condiciones oportunas y respetando los derechos de
todos los ciudadanos y ciudadanas. Para acceder a cualquier puesto en
la Administración existen requisitos, evidentemente, por eso hay
bases de convocatoria. Yo no podría, en la vida, acceder a una plaza
de ingeniero agrónomo en el Ministerio de Agricultura porque soy
médico; en la vida.
¿Esto quiere decir que yo estoy jugando en desigualdad de
condiciones? ¿O, simplemente, que no estoy capacitada para la labor
que se supone que desarrollaría en ese puesto? Por favor, me
gustaría que no mezclemos cosas y menos cuando estamos hablando de
algo tan sensible como las lenguas.
En esta propuesta, el Grupo Vasco solo habla de derechos que la
Administración tiene que garantizar, porque creemos que no es de
recibo que la ciudadanía, en su relación con la Administración,
que está para prestarle servicios, no pueda hacerlo en la lengua en
la que se sienta o más cómodo o más seguro. Solo presentamos esta
propuesta, que creemos que es concreta y de fácil apoyo —estamos
convencidos— por todos los grupos parlamentarios.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Ahedo.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, tiene
la palabra el senador Mulet.
El señor MULET GARCÍA: Gràcies, senyor
president.
Bé,
la veritat és que compartim pràcticament el text de la moció.
També critiquem la persecució que estan tenint les diverses
llengües que no siguen el castellà arran de tot l’Estat espanyol.
En el cas del País Valencià estem acostumats a persecució per part
del delegat del Govern a ajuntaments que retolen en valencià. Ens
diuen que ensenyar la nostra llengua és adoctrinar però vivim una
doble realitat, a banda d’estes comunitats en les quals es
persegueixen les llengües oficials també hi ha comunitats autònomes
que els seus estatuts d’autonomia reconeixen que tenen llengües
pròpies però manquen d’oficialitat. I per això pensem que
reivindicar la riquesa de qualsevol llengua d’Espanya, que no siga
el castellà, és reivindicar, al cap i a la fi, la pluralitat, la
pluriculturalitat i una altra manera d’entendre Espanya que no siga
la del nacionalisme espanyol excloent.
(El señor senador continúa su intervención en asturiano, que se
reproduce según el texto que facilita a la Redacción del Diario de
Sesiones).
«Prestaríamos que, nesti momentu nel que se ta
trabayando n’Asturies pa la reconocencia del asturianu como llingua
oficial, les fuercies polítiques qu’entá nun se sumaron a esti
consensu, sigan el mandatu constitucional afitáu nel artículu 3.2,
y tal y como fixeron nes demás comunidaes con llingües propies,
apliquen y desendolquen la oficialidá del asturianu. Ye la única
forma de garantizar el futuru del idioma y los drechos llingüísticos
de los falantes d’asturianu.» I tal i
com van fer en les demés comunitats autònomes pròpies, apliquen
p.
156
i
desenvolupen l’oficialitat de l’asturià.
(El señor senador continúa su intervención en asturiano, que se
reproduce según el texto que facilita a la Redacción del Diario de
Sesiones).
«Ye’l camín constitucional y la única forma de qu’una de les
llingües d’España, y por tantu responsabilidá de toos, tea
curiada col procuru que precisa, y en plena igualdá col restu de les
llingües del estáu.»
I
el camí constitucional i l’única forma que una de les llengües
d’Espanya i, per tant, responsabilitat de tots que es tinga cura i
protecció i la plena igualtat amb la resta de les llengües de
l’Estat.
En
Aragó, per la seua part...
(El señor senador continúa su intervención en aragonés, que se
reproduce según el texto que facilita a la Redacción del Diario de
Sesiones).
«En Aragón, por a suya parti, son rechitando as dos luengas
minoritarias, l’aragonés, y o catalán. En ista lechislatura, de a
man de a Direzión Cheneral de Politica Lingüistica, s’ha meso en
valor iste patrimonio inmaterial con midas de dinnificazión y
promozión, que animan a os suyos fabladors a emplegar-las en
cualsiquier situgazión sozial.»
Però
cal també un reconeixement dels poders de l’Estat per tal que els
aragonesos, que s’expressen en estes llengües no siguen per això
ciutadans de segona classe, que vegen que...
(El señor senador continúa su
intervención en aragonés, que se reproduce según el texto que
facilita a la Redacción del Diario de Sesiones).
«Pero cal tamién un reconoximiento de os poders de l’Estau, per
tal de que os aragoneses que se expresan en istas luengas no sigan
per ixo ziudadans de segunda clase, que veyen como as suyas luengas
no han a mesma valura que as demás. Cal evitar que se faigan
discriminazions en una soziedat que presume de democratica y
avanzada.»
També,
a pesar que el lleonès és una de les llengües d’Espanya,
reconeguda expressament en el seu Estatut d’Autonomia...
(El señor senador continúa su
intervención en leonés, que se reproduce según el texto que
facilita a la Redacción del Diario de Sesiones).
«A pesar de que’l llionés ye una de las llenguas d’España,
reconocida expresamente no Estatutu d’Autonomía, y tamién unu de
los idiomas emparaos pola Carta Europea de las Llenguas Rexonales ou
Minoritarias del Conseyu d’Europa, hasta agora la Junta de
Castiella y Llión nun desenvolvíu nenguna actividá nin llabor pa
la sua protección, nin regulóu la sua promoción, protección y
usu, cumo dispón l’Estatutu d’Autonomía, nin está presente no
sistema educativu d’esa Comunidá autónoma.»
Per
això, davant de l’absoluta inactivitat correspondria al Senat
instar al Govern com a garant del compliment de la Carta Europea, a
desplegar els mitjans adequats per a l’ensenyament del lleonès.
Per
tant, reivindiquem que totes les comunitats autònomes que tinguen
llengua pròpia les puguen normalitzar. I per això volem donar el
nostre suport a campanya que està fent-se a Astúries per
l’oficialitat de l’asturià.
Gràcies.
Gracias, señor presidente.
La verdad es que compartimos, prácticamente, el texto de la moción.
También criticamos la persecución que tienen las diversas lenguas
que no son el castellano en todo el Estado español.
En el caso del País Valencià, estamos acostumbrados a que el
delegado del Gobierno someta a persecución a los ayuntamientos que
rotulan en valenciano. Dicen que enseñar nuestra lengua es
adoctrinar, pero vivimos una doble realidad.
Hay comunidades donde se persiguen las lenguas cooficiales y hay
autonomías que tienen lenguas cooficiales, pero que no se reconocen.
Por eso, pensamos que reivindicar la riqueza de cualquier lengua que
no sea el español es afianzar la pluriculturalidad y otra manera de
entender España que no sea la del nacionalismo español excluyente.
(El señor senador continúa su intervención en asturiano, que se
reproduce según el texto que facilita a la Redacción del Diario de
Sesiones).
«Prestaríamos que, nesti momentu nel que se ta trabayando
n’Asturies pa la reconocencia del asturianu como llingua oficial,
les fuercies polítiques qu’entá nun se sumaron a esti consensu,
sigan el mandatu constitucional afitáu nel artículu 3.2, y tal y
como fixeron nes demás comunidaes con llingües propies, apliquen y
desendolquen la oficialidá del asturianu. Ye la única forma de
garantizar el futuru del idioma y los drechos llingüísticos de los
falantes d’asturianu.»
Y, tal como hicieron en otras comunidades autónomas propias, lo
aplican y lo desenvolupen en las autonomías. (El señor senador
continúa su intervención en asturiano, que se reproduce según el
texto que facilita a la Redacción del Diario de Sesiones).
«Ye’l camín constitucional y la única forma de qu’una de les
llingües d’España, y por tantu responsabilidá de toos, tea
curiada col procuru que precisa, y en plena igualdá col restu de les
llingües del estáu.»
El camino constitucional es la única forma de proteger las lenguas
de España, que son responsabilidad de todos, porque se ha de tener
cuidado y proteger con plena igualdad el resto de las lenguas del
Estado.
p. 157
En Aragón, por su parte... (El señor senador continúa su
intervención en aragonés, que se reproduce según el texto que
facilita a la Redacción del Diario de Sesiones).
«En Aragón, por a suya parti, son rechitando as dos luengas
minoritarias, l’aragonés, y o catalán.En ista lechislatura, de a
man de a Direzión Cheneral de Politica Lingüistica, s’ha meso en
valor iste patrimonio inmaterial con midas de dinnificazión y
promozión, que animan a os suyos fabladors a emplegar-las en
cualsiquier situgazión sozial.»
Pero hace falta también un reconocimiento de los poderes del Estado
para que los aragoneses que se expresan en estas lenguas no sean, por
eso, ciudadanos de segunda clase. (El señor senador continúa su
intervención en aragonés, que se reproduce según el texto que
facilita a la Redacción del Diario de Sesiones).
«Pero cal tamién un reconoximiento de os poders de l’Estau, per
tal de que os aragoneses que se expresan en istas luengas no sigan
per ixo ziudadans de segunda clase, que veyen como as suyas luengas
no han a mesma valura que as demás. Cal evitar que se faigan
discriminazions en una soziedat que presume de democratica y
avanzada.»
También, a pesar de que el leonés es una de las lenguas de España,
reconocida expresamente en su Estatuto de Autonomía. (El señor
senador continúa su intervención en leonés, que se reproduce según
el texto que facilita a la Redacción del Diario de Sesiones).
«A pesar de que’l llionés ye una de las llenguas d’España,
reconocida expresamente no Estatutu d’Autonomía, y tamién unu de
los idiomas emparaos pola Carta Europea de las Llenguas Rexonales ou
Minoritarias del Conseyu d’Europa, hasta agora la Junta de
Castiella y Llión nun desenvolvíu nenguna actividá nin llabor pa
la sua protección, nin regulóu la sua promoción, protección y
usu, cumo dispón l’Estatutu d’Autonomía, nin está presente no
sistema educativu d’esa Comunidá autónoma.»
Por eso, ante la absoluta inactividad, correspondería al Senado
instar al Gobierno, como garante del cumplimiento de la Carta
Europea, para que despliegue los medios adecuados para la enseñanza
del leonés. Por tanto, queremos que las autonomías que tengan
lengua propia la reivindiquen. Esta es la campaña de la oficialidad
del asturiano.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mulet.
Tiene la palabra el senador Yanguas.
El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
He enmendado esta moción del Grupo Parlamentario Vasco para evitar
que ningún Gobierno autonómico pueda imponer lenguas en ningún
lugar ni tampoco adoctrinar. Y tengo que hablar de la Comunidad Foral
de Navarra, de donde vengo y de donde viene Unión del Pueblo
Navarro, porque Geroa Bai, que es la marca del PNV en Navarra, junto
con Bildu, entre otros, como socio de Gobierno, ahora están
intentando imponer una lengua, el euskera, en toda la comunidad
foral.
Y les voy a decir que Unión del Pueblo Navarro está a favor de que
quien quiera aprender euskera o en euskera, lo haga. Y así se ha
garantizado durante los más de 20 años en los que mi partido ha
estado en el Gobierno Foral de Navarra. Por eso, no quiero que se me
acuse aquí de ir contra ninguna lengua. Y es que el Gobierno de
Navarra actual, el de Uxue Barkos, ha propuesto crear una comisión
parlamentaria hace menos de un mes para extender el euskera a toda
Navarra.
La receta que propone mi partido, Unión del Pueblo Navarro, es que
en Navarra hay que dar libertad a las personas para que elijan lo que
quieran. Y también hay que garantizar la igualdad de oportunidades.
Eso, ahora mismo, no está ocurriendo en Navarra, por ejemplo, en las
oposiciones. Porque se han creado dos tipos de ciudadanos. Los de
primera, los que saben euskera, que tienen una serie de beneficios; y
los de segunda, que somos los que no conocemos esa lengua. En Navarra
hay una Ley foral del euskera que plantea una zonificación, según
se utilice más o menos esa lengua: la zona vascófona es esta de
aquí arriba, la que les señalo en este mapa; y aquí están la zona
mixta y la zona no vascófona. Pero ahora el Gobierno nacionalista de
Navarra lo que quiere hacer es cargarse esta ley. Y ello porque esta
ley, señorías, respeta la Carta Europea de Lenguas Regionales y
tiene en cuenta también las necesidades de la población de Navarra.
Es decir, que el statu quo actual, con esa ley de las lenguas de
Navarra, estaba garantizado hasta que llegó el Gobierno actual. Y
cumplía la moción que trae hoy aquí el Grupo Parlamentario Vasco.
Pero imponer una lengua va en contra de los derechos de los navarros
y de las navarras. Va en contra de una realidad sociolingüística de
la comunidad foral.
Ayer mismo, o anteayer, podíamos leer en el Diario de Navarra al
premio Euskadi de literatura —no a nadie de UPN—, que decía: Es
un error el gasto en euskaldunización donde no se habla ni
p. 158
chufa el euskera. Lo dice el premio Euskadi de literatura. Y son
palabras llenas de sentido común, según mi opinión. Por eso, mi
enmienda va contra la imposición de una lengua, lo que, además,
tiene un objetivo político en Navarra. Ni más ni menos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Yanguas.
Para defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene
la palabra el senador Lerma.
El señor LERMA BLASCO: Gracias, presidente.
Lo único que trata de poner de manifiesto la enmienda es la
extraordinaria protección legal de la que gozan las lenguas en
España. Y, para empezar, quiero decir que no solo el preámbulo de
la Constitución habla de especial respeto y protección a las
lenguas, sino que después en su artículo
3 especifica con toda claridad algo que a muchos, si leyeran ahora la
Constitución, seguramente les parecería sorprendente: la fórmula
alambicada con la que se habla de la lengua oficial del Estado. Me
parece recordar que dice algo así como que el castellano es la
lengua española oficial del Estado. Es una redacción complicada,
pero que viene a mostrar el respeto que por las demás lenguas
españolas —como dice a continuación la Constitución— tenían
los constituyentes y, desde luego, nuestra Constitución.
Yo aconsejo, en estos temas, hacer una relectura de la Constitución,
dejando claro que nosotros hemos establecido una protección muy
singular para las demás lenguas españolas, además del castellano.
Todas son, por tanto, en esta Constitución lenguas españolas y no
se circunscriben exclusivamente al territorio donde son oficiales,
que es lo que dice la Constitución respecto de las lenguas que se
aprueban en los respectivos estatutos de autonomía, que son lenguas
oficiales también. Y eso es lo que dice, a su vez, la moción del
Grupo Parlamentario Vasco, que viene a explicitar que el euskera es
lengua oficial de Euskadi; no dice la lengua oficial; dice lengua
oficial también, lo que, por tanto, no es excluyente, sino más bien
acorde con el contenido de la moción que se acaba de presentar.
Razonable, por tanto, su planteamiento. Porque las lenguas no están
para enfrentar a los ciudadanos, están para entenderse. Pero debería
ser pacífico el desarrollo normal y la potenciación de las lenguas
oficiales, teniendo en cuenta que la Constitución Española del año
1978 ha ido mucho más allá que la de 1931 en el respeto y
protección de las lenguas españolas. No son lenguas solo en el
territorio en las que son cooficiales, son lenguas en todo el
territorio español y, por tanto, objeto de especial protección.
En este caso, la Carta europea de lenguas minoritarias no aporta nada
a la protección de la que ya gozan todas las lenguas españolas en
la Constitución y en sus respectivos estatutos, pero sí sirve para
demostrar que los que en España estamos pensando que el especial
respeto y protección a todas las lenguas de España es fundamental
estamos en lo cierto, que no es una locura que nos ha entrado a unos
pocos, que no estamos solos, que hay muchos países en toda Europa
que comparten nuestra voluntad de preservar como una riqueza cultural
y de convivencia las diversas lenguas que se hablan en España. En
definitiva, nos sentimos arropados y apoyados por una institución
como el Consejo de Europa, que reconoce que esta es una labor
positiva, aunque haya países que pretendan no hacer lenguas
minoritarias, sino minorizarlas, como dicen algunos párrafos de esta
opción de las lenguas minoritarias o regionales.
En definitiva, mi enmienda pretende poner de manifiesto que la
Constitución Española y los respectivos estatutos de autonomía son
una gran protección para las lenguas españolas y que, por lo tanto,
se trata de que el Gobierno de España, en relación con los
ciudadanos de cada comunidad autónoma donde son oficiales las
lenguas respectivas, apoye y defienda la Constitución.
Nada más y muchas gracias.
(Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Lerma.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el senador Arrieta.
El señor ARRIETA ARRIETA: Presidente jauna,
jaun-andreak, ikusita zenbat ekarpen aurkeztu dugun talde
parlamentariek, argi eta garbi geratzen da gaur dagokigun gai hau
interesatzen zaigula eta kezkatzen gaituela ere; eta ez da
gutxiagotarako, ikusita Gobernuak Auzitegi Konstituzionalaren aurrean
behin eta berriro aurkezten dituen errekurtsoak.
p. 159
Gure taldeak EAJ-PNVk ekarritako mozioko testuari 2 zuzenketa
aurkezten dizkio, eta biek oinarritzat hartzen dute testu
konstituzionala. Lehenengoan, Espainiako Konstituzioko 3.3 artikulua
errespetatzea eta bere garapen osorako lan egitea planteatzen dugu.
Eta bigarrenean, Espainiako Konstituzioko 20.3 artikulua Autonomia
Erkidego guztietan eraginkor zatea. Eta horrela egiten dugu, gure
ustez, Konstituzioa, hain zuzen, plurilinguismoarekiko Estatuaren
erakundeek garatzen duten hizkuntza politika baino aldekoagoa da.
Ikus dezagun, 3.3 artikuluak dio: Espainiako hizkuntza-moten
aberastasuna kultur ondarea da, eta ondare horrek begirune eta babes
berezia izango du. Jaun-andreok, ondo dakitenez Konstituzioak 40 urte
beteko ditu berehala, eta gure ustez aipaturiko artikulua garatu gabe
jarraitzen dugu jarraitzen dugu oraindik.
Eta, 20.3 artikuluarekin gauza bera gertatzen da. Bere bukaeran
jasotzen du: «Espainiako gizarte-aniztasuna eta hizkuntzak
errespetatuz». Eta, gure iritziz, ez da betetzen ere. Kritika modura
balio dezan, Estatuko titulartasuneko komunikabideetan, beraien
programazioan, ez dutela plurilinguismoa kontuan hartzen, eta ez da
konstituzioak galarazten diolako, baizik eta Konstituzioa hausten
dutelako nabarmenki.
Aipaturiko artikuluak, Espainiako hizkuntzen pluralismoa
errespetatzeko, bustitako papera da Euskadin, eta segur aski, ez
soilik Euskadin. Eta hark erakusten du sustapenari eta beste
hizkuntzen babes eraginkorrari zuzendutako politika eraginkorra ez
dagoela. Eztabaida sakona behar dugu eleaniztasunaren defentsa erreal
eta eraginkorra izan dadin, eta horretarako bi bide ditugu: bat da,
Konstituzioaren erreforma, eta gaztelania soilik dela Estatuaren
hizkuntza ofiziala zehazten duen tokian, ezar dezala bat baino
gehiago direla Estatuaren hizkuntza ofizialak. Eta beste bidea
berezko Konstituzioak eskaintzen dituen aukerak garatzea izango
litzateke. Bide desberdinak dira, baina ez kontraesanezko edo
baztertzaileak. Batak edota besteak lanik emango digu, zalantzarik
gabe, eta bietarako adostasun-kuota handiak beharrezkoak izango dira.
Baina, hori da bidea, gure ustez.
Bukatu nahi dut zuen gustukoa izango den «maxima» batekin.
Señor presidente, señoras y señores, después de ver las
aportaciones que hemos realizado todos los grupos parlamentarios, es
evidente que este tema que nos ocupa hoy nos interesa mucho y nos
preocupa al mismo tiempo, y no es para menos, sobre todo después de
ver que el Gobierno presenta una y otra vez recursos ante el Tribunal
Constitucional.
Mi grupo ha presentado 2 enmiendas a esta moción presentada hoy por
el PNV y ambas se basan en el texto constitucional. La primera
enmienda habla del artículo 3.3 de la Constitución Española, de la
necesidad de respetar este artículo y de trabajar para su desarrollo
total.
En la segunda enmienda planteamos la necesidad de que el artículo
20.3 de la Constitución Española sea efectivo en todas las
comunidades autónomas; y lo hacemos porque pensamos que la
Constitución es más favorable con el plurilingüismo que las
políticas lingüísticas que practican las instituciones estatales.
El artículo 3.3 dice que la riqueza lingüística de España es un
patrimonio cultural que necesita de un respeto y una protección
especial. Señoras y señores, como todos saben, la Constitución
está a punto de cumplir 40 años y, sin embargo, para nosotros el
artículo mencionado continúa sin cumplirse o sin desarrollarse a
día de hoy.
En relación con el artículo 20.3 sucede más o menos lo mismo. Al
final, dice que hay que respetar las lenguas y la diversidad social
de España. Para nosotros, desde luego, esto tampoco se cumple.
Para que sirva como crítica, manifestamos que los medios de
comunicación de titularidad estatal en sus programaciones no tienen
en consideración el plurilingüismo y no porque lo impida la
Constitución, sino, simplemente, porque incumplen de forma evidente
la Constitución.
Los artículos mencionados, los que aluden al respeto del pluralismo
lingüístico en España, son papel mojado en Euskadi y, seguramente,
no solo en Euskadi. Esto nos muestra que la política dirigida a la
protección efectiva de otras lenguas y a su promoción no existe; no
existe una política efectiva en este sentido. Lo cierto es que
tenemos dos vías para esta defensa efectiva. La primera s la reforma
constitucional, es decir, que allá donde dice que la única lengua
oficial del Estado es el castellano se establezca que hay más de una
lengua oficial en el Estado. Y el otro cauce que nos queda es el de
desarrollar las opciones que la propia Constitución nos ofrece. Son
vías diferentes, pero, en todo caso, no son contradictorias o no son
excluyentes. Las dos vías, sin ningún lugar a dudas, supondrán
muchísimo trabajo, serán costosas, y, además, necesitaremos para
ello altas cotas de consenso.
Quiero terminar con una máxima con la que todos y todas nos
identificaremos...
p. 160
todas las lenguas nos incumben por igual a todo el país y a toda la
ciudadanía; todas son asunto de todos los Gobiernos. Las lenguas
distintas del castellano no son solo un asunto de cada comunidad
autónoma. El castellano no es solo un asunto del Gobierno de España.
Eskerrik asko. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Arrieta.
Para la defensa de la enmienda, tiene la palabra la senadora San
Damián.
La señora SAN DAMIÁN HERNÁNDEZ: Gracias, presidente.
Buenos días, señorías. El Grupo Popular ha presentado una enmienda
de modificación del texto presentado por el Grupo Vasco y que voy a
tratar de explicar brevemente. Como se ha dicho aquí ya en esta
tribuna, efectivamente, el Gobierno de España asumió una serie de
compromisos en el año 2001 en relación con la Carta europea de las
lenguas regionales o lenguas minoritarias. Y si nos referimos a esos
compromisos, el texto de la moción no se ajusta a la realidad, dado
que entiende que no se ha hecho prácticamente nada desde el año
2001 y, permítame, señora Ahedo, que le corrija, y de ahí la
propuesta de modificación que presentamos.
Le digo esto porque desde el año 2001, los distintos gobiernos, los
gobiernos de turno, han ido cumpliendo con los compromisos asumidos
en esa Carta europea de las lenguas regionales. Los hemos cumplido y
seguimos cumpliéndolos, pues hace apenas unas semanas hemos
presentado el informe periódico que nos exige el Consejo de Europa;
un informe en el que damos buena cuenta de las medidas y de las
actuaciones que lleva a cabo el Gobierno de España en sus distintos
ministerios.
Los hemos cumplido, señora Ahedo, y seguimos cumpliéndolos, pero no
solamente en eso, sino también en lo relativo al empleo de las
lenguas regionales o minoritarias en las circunscripciones de las
autoridades administrativas del Estado en las que se hablan esas
lenguas. Por lo tanto, señora Ahedo, los ministerios han hecho
muchos avances en lo que se refiere a la capacitación lingüística,
algo que a todos nos preocupa. Y esto me gustaría ponerlo en valor,
teniendo en cuenta que precisamente en el año 2017 el INAP, que es
el instituto que se encarga de esa capacitación lingüística, ha
invertido en torno a 120 000 euros en cursos de formación,
precisamente en las distintas lenguas cooficiales, siendo el doble de
lo que se invirtió en el ejercicio anterior y en los últimos cinco
años, en torno a 450 000 euros, solo y específicamente para los
cursos de las lenguas cooficiales. Pero, además, los ministerios
también han mejorado en lo relativo a la impresión y modelos
normalizados, carteles, rotulaciones, señalizaciones, páginas web,
sedes electrónicas, campañas institucionales y de fomento del uso
de las lenguas cooficiales.
Por eso, señoría, insisto en nuestra propuesta de modificación de
su moción, dado que queda claro que España ha tenido y sigue
teniendo un compromiso firme con las comunidades y no solamente en lo
relativo al ejercicio de las competencias autonómicas que tienen en
su ámbito lingüístico, sino a la hora de realizar actuaciones para
dar cumplimiento a nuestras obligaciones con las lenguas regionales o
minoritarias. Conviene poner en valor el trabajo que han hecho los
distintos Gobiernos a lo largo de todos estos años, que viene a ser,
como digo, muestra del reconocimiento y del respeto al artículo 3 de
nuestra Constitución Española.
Así, señorías, nuestra propuesta, por un lado, trata de reconocer,
porque en su moción no se hace, el trabajo que se ha realizado
durante todos estos años, sin perjuicio de que haya que seguir
trabajando para cumplir esos compromisos adquiridos en el año 2001.
También, señoría,
hay que reconocer, que sí, y no como dicen ustedes, está
garantizado el acceso de todos los ciudadanos a la Administración
pública cuando se hace uso de esas lenguas, pero ello, señoría, no
puede suponer en ningún caso restricción alguna en el acceso a la
función pública en ninguna parte del territorio español. Porque
todo el mundo tiene derecho a acceder a un empleo público, y a
promocionarse, sin que en ningún caso el conocimiento de un idioma,
en este caso el euskera, pueda suponer una barrera para el acceso a
la función pública.
Insisto en que, resumiendo brevemente, nuestra enmienda de
modificación a su moción consiste, por un lado, en reconocer y
dejar claro el trabajo que se ha hecho por los distintos gobiernos
desde el año 2001 y, por otro, que el castellano es la lengua
española oficial de este país, de España, y que las lenguas
regionales no pueden ser nunca un criterio restrictivo para el acceso
y la promoción dentro de la Administración General del Estado.
Muchas gracias.
(Aplausos).
p. 161
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador San Damián.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana de Catalunya, tiene la palabra la senadora Azamar.
La
señora AZAMAR CAPDEVILA: Gràcies, president.
Senadors,
senadores, la llengua occitana, denominada aranès a la Vall d’Aran,
és llengua oficial a tot Catalunya des de l’aprovació de
l’Estatut d’Autonomia del 2006, i l’estatut jurídic de
l’aranès s’emmarca directament en l’article 3.2 de la
Constitució espanyola, per mitjà de l’Estatut, que és una llei
orgànica estatal. Per tant, l’aranès s’ha integrat a
l’ordenament jurídic estatal.
L’aranès
és un element fonamental de la identitat pròpia de la Vall d’Aran
i és defensat pels aranesos. Però per què els parlants d’aranès
no tenen els mateixos drets que la resta de parlants d’altres
llengües oficials de l’Estat per disposar de documentació oficial
en aranès, com per exemple poder fer la declaració de la renda,
igual com els catalans la podem fer en català o els bascos en
eusquera. És per això que, des del Grup d’Esquerra Republicana,
hem presentat aquesta esmena d’addició en què demanem que
s’implementin les mesures necessàries per a que l’aranès rebi
per part de l’Administració General de l’Estat, com a mínim, el
mateix tractament que la resta de llengües oficials de l’Estat.
Gràcies.
(Aplaudiments).
Gracias, presidente.
Senadores, senadoras, la lengua occitana, denominada aranés en la
Vall d’Aran es oficial en Cataluña desde la aprobación de
Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006; asimismo, un estatuto
jurídico del aranés se enmarca directamente en el artículo 3.2 de
la Constitución Española por medio del estatuto, que es una ley
orgánica estatal. Por tanto, el aranés se ha integrado en el
ordenamiento jurídico estatal.
El aranés es un elemento fundamental de la identidad propia de la
Vall d’Aran y es defendido por los araneses. ¿Pero por qué los
hablantes de aranés no tienen los mismos derechos que los hablantes
del resto de lenguas oficiales para disponer de documentación
oficial en aranés, por ejemplo, para hacer la declaración de la
renta en aranés, igual que los catalanes la podemos hacer en catalán
o los vascos en euskera? Es por eso que el Grupo Esquerra Republicana
de Catalunya ha presentado esta enmienda de adición y es por eso que
pedimos que se implementen las medidas necesarias para que el aranés
reciba, como mínimo, de la Administración General del Estado el
mismo trato que el resto de lenguas oficiales del Estado.
Gracias.
(Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Azamar.
Tiene la palabra la senadora Ahedo, para indicar si acepta o no las
enmiendas presentadas.
La señora AHEDO CEZA: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero agradecer todas las enmiendas porque veo que
por parte de los grupos ha habido interés y, aunque no compartamos
algunas cuestiones, vemos claramente que la intención ha sido
mejorar el texto presentado por nuestro grupo.
Intentaré no liarme porque no voy a ir en orden. Voy a responder a
la enmienda número 1 de Compromís y a la enmienda de ERC. No nos
parece en absoluto mal lo que plantean, pero al redactar la moción
decidimos no especificar ni nombrar ninguna lengua en concreto, ni el
aranés ni el leonés ni el bable ni el euskera ni el catalán, de
forma que todas pudiesen entenderse integradas ya. Esa es
exclusivamente la razón —la de querer que quede todo incluido—
por la que no les vamos a aceptar esas enmiendas.
Compromís presenta algunas enmiendas más, una tercera en la que
habla de colaborar financieramente con las comunidades autónomas.
Estamos totalmente de acuerdo en que las cosas sin financiación no
salen, pero también creo que usted sabe que en cuestiones de
financiación nuestro grupo nunca entra. Chirriaría un poco que en
una moción nuestra, entrásemos por primera vez en ese tema.
Respecto de las enmiendas 4 y 5, que hablan de utilizar toponimia
bilingüe y del reconocimiento de especialidad docente del
profesorado de lenguas protegidas no oficiales, nos parecen dos temas
superimportantes, pero en esta moción queríamos incidir
exclusivamente en el personal de la Administración General del
Estado.
p. 162
Al Grupo Podemos tengo que decirle que, de la misma manera que no
queríamos poner una por una las lenguas, tampoco hemos querido
especificar legislación, porque podría ser interminable.
Efectivamente, son estos dos puntos de la Constitución, pero
podríamos poner cien mil más y, teniendo todos claro que esta
defensa de las lenguas está legalmente amparada, no lo vemos
necesario.
Al Grupo Socialista le vamos a aceptar su enmienda.
Al señor Yanguas, de Unión del Pueblo Navarro, no tengo tiempo para
decirle todo lo que le quiero decir. Simplemente que el acuerdo
programático del Gobierno de Navarra está acordado bajo los
principios de no imposición, progresividad, libertad y
voluntariedad. Quien sabe euskera podrá desarrollar su trabajo en
este idioma y, además, podrá dar servicio a los ciudadanos que
quieren ejercer su derecho de ser atendidos así por la
Administración.
Adoctrinar quiere decir inculcar a alguien determinadas ideas o
creencias. No acabo de entender yo cómo se te pueden inculcar
creencias solo por hablarte en un idioma. Tengan cuidado, porque en
cuanto empiecen los niños a aprender inglés, chino, o alemán,
fíjense la cantidad de adoctrinamiento lingüístico que van a
tener.
Finalmente —deme un poco de tiempo, señor presidente—, al Grupo
Popular...
El señor PRESIDENTE: Pero treinta segundos, senadora Ahedo.
La señora AHEDO CEZA: Al Grupo Popular simplemente quiero decirle
que les acepto pulpo —continuar, seguir—, aunque me parece un
poco autocomplaciente y tenemos diferentes lecturas de los datos.
Con respecto a lo que usted habla del punto 3, no es ni restricción
ni barrera, lo que usted nos está proponiendo es que el
conocimiento, por ejemplo, del euskera no opere en el proceso de
acceso a la función pública, dejándolo para un momento posterior.
El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.
La señora AHEDO CEZA: Podría suceder que ninguna persona tuviese
perfil lingüístico, con lo cual, al final, acabaría por no
exigirse. Solo le quiero recordar que el Estatuto básico del
empleado... El señor PRESIDENTE: Senadora Ahedo, lo único que tiene
que decir son las enmiendas que acepta y las que no acepta. Luego
tiene un turno de portavoces. Haga el favor de terminar. Diga cuáles
acepta y cuáles no, y luego en turno de portavoces, explica todo lo
que quiera.
La señora AHEDO CEZA: La única que aceptamos es la del Grupo
Socialista.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Ahedo.
Pasamos al turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto hay seis peticiones de palabra.
Ustedes se administrarán los tiempos.
Senador Alegre.
(Denegaciones).
Senador Mulet, tiene la palabra.
El señor MULET GARCÍA: Gracias.
Lamento una vez más la insolidaridad del PNV. Creo que en nuestra
exposición, tanto de las enmiendas como en el posicionamiento en la
tribuna, ha quedado claro lo que pedíamos. Pedíamos que aquellas
lenguas propias que todavía no gozasen de reconocimiento oficial
tuvieran también su reconocimiento. Obviándolas, como hacen ustedes
en su texto, e impidiendo que aparezca la mención específica, como
pedíamos nosotros, ustedes ayudan al mantra del Partido Popular de
invisibilizar a estas lenguas, como si fueran de una categoría
inferior simplemente por no estar en sus respectivos estatutos como
cooficiales.
Por lo tanto, lamento que una vez más simplemente se preocupen de su
ombligo y no del resto de culturas del pueblo español.
Gracias.
p. 163
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mulet.
¿Senadora López Santana?
(Denegaciones).
Senadora Domínguez de Posada, tiene la palabra.
La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, señor presidente.
La presente moción me permite decir en la tribuna del Senado que,
para Foro, las lenguas autóctonas de Asturias constituyen una parte
irrenunciable de nuestro patrimonio cultural, un factor sustancial de
nuestra identidad como comunidad autónoma, pero también parte
fundamental del patrimonio común de todos los españoles, vehículo
de comunicación, de libertad, que nunca puede ser un arma para el
enfrentamiento y cuya preservación es responsabilidad principal de
los asturianos.
En las circunstancias actuales, con el conflicto de Cataluña al
fondo y la polémica abierta interesadamente en Asturias en los
últimos tiempos, el concepto de la oficialidad en la sociedad
asturiana hoy está inseparablemente vinculado a estas dos
cualidades: imposición y obligatoriedad, que Foro rechaza
rotundamente, como características opuestas al consenso que requiere
el uso y la promoción del bable. Por ello, Foro apoyará las
políticas de promoción, así como las medidas que favorezcan su
uso, con el objeto de alcanzar consensos sociales amplios en torno al
uso y promoción del asturiano, garantizando su conocimiento y
difusión a quien quiera usarlo, siempre sin prisas, sin
precipitación, huyendo de eslóganes, etiquetas o mandamientos que
conlleven cualquier tipo de obligatoriedad. El consenso social,
entendido de modo transversal, solo se puede sostener en el ámbito
de la libertad. Su protección debe partir del consenso y nunca de la
imposición.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Domínguez de Posada.
Señor Iñarritu, tiene la palabra.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Eskerrik asko mahaiburu jauna.
Ganbera honetan, sarritan entzuten dugu legea errespetatu behar dela,
batez ere Konstituzioa. Baina gertatzen ari dena hizkuntza
koofizialekin da, justu kontrakoa: Gobernuak ez dituela errespetatzen
ez euskara legeak, ez Euskal Erkidego Autonomoan ez Nafarroan, ez
duela Konstituzioa betetzen horretan ezta. Eta ezta ere Nazioarteko
Hitzarmenak, nahiz eta behartuta egon. Eta adibide bat jarriko
dizuet. Urtarrilean jakin genuen lan eskaintza publiko bat egin zela,
4000 lanpostu inguru eta horietatik 340 Euskal Erkidego Autonomorako
ziren eta beste batzuk Nafarroarako. Ba zer esan zuen Gobernuaren
delegatuak EAEn, De Andrés jaunak? Bada, aukera bat zela, zeren
Madrilen egingo zenez, euskara ez zela beharrezkoa eta horrela askoz
errazagoa izango zen funtzionarioa izatea. Hauxe da, iruzur bat,
tranpa bat, trikimailu bat.
Gracias, señor presidente.
En esta Cámara escuchamos muchas veces que hay que respetar la ley,
sobre todo la Constitución. Lo que está sucediendo con las lenguas
cooficiales es precisamente lo contrario, es decir, que el Gobierno
no respeta las leyes relativas al euskera ni en Navarra ni en la
Comunidad Autónoma Vasca. No cumple la Constitución ni los
convenios internacionales firmados, incluso ratificados, y les voy a
poner un ejemplo. En enero supimos que habrá una nueva oferta de
empleo de cerca de 4000 puestos de trabajo, de los cuales 340
corresponden a la Comunidad Autónoma del País Vasco y otros a
Navarra.
¿Qué ha avanzado el delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma
Vasca, el señor De Andrés? Que se trataba de una oferta proveniente
de Madrid, por lo cual el euskera no era una condición necesaria y
que, por ello, sería mucho más fácil llegar a ser funcionario. Se
trata de una trampa, de un timo. Que como son unas plazas aprobadas
en Madrid no haría falta saber euskera, aunque fueran para la
Comunidad Autónoma Vasca. ¿Qué se está haciendo? Saltarse la
legalidad de la Ley de euskera de 1982 de la Comunidad Autónoma
Vasca, la Constitución y la Carta de Europa, aunque sean plazas para
la Comunidad Autónoma Vasca. La barrera no se les pone a los
funcionarios, sino a los hablantes, ya que no van a tener acceso a la
Administración del Estado con funcionarios.
Podríamos hablar de justicia, de departamentos que aún no están
transferidos, de las policías del
p. 164
Estado que están allí, que, por desgracia, no se les puede hablar
en lenguas cooficiales. Lo que se está haciendo es justamente lo
contrario, porque no hay igualdad, sino la imposición de una lengua.
Como todos sabemos, la única lengua obligatoria en el Estado es el
castellano, las otras tenemos derecho a hablarlas, pero cuando el
Estado, el Gobierno no cumple esa obligatoriedad y se salta la ley,
vemos cómo se pone barreras a los hablantes de otras lenguas
cooficiales.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iñarritu.
Senador Yanguas, tiene la palabra.
El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Senadora Ahedo, le voy a leer otra frase de la entrevista del Premio
Euskadi de Literatura: Perder las fuerzas en campañas de
euskaldunización en vez de reforzar las comunidades naturales de
hablantes me parece una locura si lo que se pretende es garantizar el
euskera. Ahora, si lo que se pretende es defender un chapurreo
nacionalizador para que nos parezcamos a nuestros hermanos
guipuzcoanos y que eso tenga consecuencias políticas, sí sirve.
Unión del Pueblo Navarro respeta el euskera en toda su extensión
—se lo vuelvo a repetir—, pero mi partido está en contra de toda
imposición ideológica de este idioma, porque ustedes ligan el
euskera a la identidad nacional. Y ahí está el tema de la
imposición y de contar historias que para nosotros no son verdad. Mi
partido siempre ha defendido y garantizado el conocimiento del
euskera como lengua donde se utiliza y como un patrimonio cultural a
preservar. Lo digo alto y claro. Y tiene tras de sí —lo he dicho
antes— haber estado en el Gobierno veinte años apostando por la
libertad de elección de lengua y por la igualdad de oportunidades,
cosa que en dos años se han cargado Geroa Bai, Bildu y el resto de
partidos que conforman el cuatripartito.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Yanguas.
¿Alguna intervención más?
(Pausa).
Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata-Agrupación
Herreña Independiente- Coalición Canaria, tiene la palabra el
senador Bagué.
El señor BAGUÉ ROURA: Gràcies, senyor
president.
La
moció que presenta el Grup Parlamentari del Partit Nacionalista
Basc, la trobem adequada i encertada, precisament perquè posa el dit
a la llaga, la senadora Ahedo ho comentava sobre l’incompliment
reiterat i perllongat en el temps que està fent el Govern de l’Estat
de tot signe polític, perquè amb el govern del PSOE això també
succeïa, no és un patrimoni exclusiu, pel que veiem del PP. En
aquest sentit, per tant, subscrivim plenament la moció que han
presentat i per aquest mateix motiu no hem presentat esmenes, atesa
l’absoluta coincidència amb el plantejament que ha fet el grup
parlamentari del PNV.
Si
ens atenem estrictament el què diu la moció, diu: Moció per la
qual el Senat expressa el seu reconeixement a la realitat plurilingüe
de l’Estat i insta la Govern a complir la Carta europea de llengües
regionals o minoritàries, respectant les polítiques de
normalització, etc. Precisament, aquesta carta europea de les
llengües regionals o minoritàries, aquesta mateixa Carta, en
l’informe que fa el govern de la Generalitat de Catalunya el juny
del 2017, què diu: que s’està incomplint de manera flagrant, tal
com dèiem, i que es produeixen nombroses greuges jurídics de
l’Estat envers la llengua catalana i l’occitana. Això ho diu la
directora general de Política Lingüística de la Generalitat, però
no és un criteri propi de la senyora Ester Franquesa, que és la
directora general, no, ella ha recollit tota aquesta informació a
través de tots els departaments de la Generalitat i de les empreses
públiques.
El
diagnòstic quin és? Que l’Estat no ha modificat el marc jurídic
perquè les autoritats judicials, penals, civils i administratives
puguin usar el català en procediments, el català, basc, les
llengües oficials, de manera ordinària, de manera normal.
Persisteix també l’impacte del dèficit fiscal, aquí també,
perquè no hi ha recursos per fomentar de manera adequada la llengua
catalana i l’occitana, no ho oblidem.
Un
altre qüestió a destacar: l’occità, que per cert, el 24 de març,
d’aquí a pocs dies es celebrarà una manifestació per la llengua
aranesa, llengua viva, a Vielha, el aranès era nostra identidad
p. 165
Aquest
mateix aranès queda reculat, sense empara legal que el protegeixi.
En aquest sentit, el que comentava el senador Lerma en nom del grup
Socialista, quan defensava les esmenes, crec que és encertat, el que
passa és que una vegada més ens tornem a trobar en que la teoria
diu una cosa i la practica en diu un altre. Els enunciats estan molt
ben regulats per la Constitució, però a l’hora de la veritat
l’aplicació és clarament insuficient. A la senadora San Damian
també li dirà el mateix, una cosa és la teoria i l’altre és la
realitat.
I
permeti’m, breument perquè no tinc temps, l’informe sobre el
compliment del període 2013-2016 de les
llengües a l’Estat espanyol, en concret, l’informe que fa el
Govern de la Generalitat, pagina 21, la recomanació del Comitè de
M»inistres a les autoritats espanyoles és la següent: «continuïn
adoptant les mesures jurídiques i practiques necessàries per
garantir que una proporció adequada del personal judicial destinat a
les Comunitats autònomes amb llengua pròpia, sigui d’aplicació
l’article 9 i tinguin capacitat per treballar en les llengües
pertinents».
He
sentit reclamar els drets dels funcionaris a concórrer a places, és
evident que tenen tots els drets, però també no hem d’oblidar que
l’Administració en primer lloc està per servir els ciutadans, i
els ciutadans tenen dret a ser atesos en la llengua que ells
desitgin, que per això són llengües oficials. A la pagina 119
d’aquest mateix informe, respecte a l’aranès, què diu: «Las
autoridades españolas no facilitaron información alguna sobre la
evolución del aranés. No se facilitó información
en
el cuarto informe», i així reiteradament. Per tant, què diu
l’informe? Que l’Estat espanyol ni tant sols informa, per
exemple, en el cas de Catalunya, sobre l’aranès.
I
una última referencia, que se m’esgota el temps. A Suïssa, fa ben
poc, s’acaba de produir una consulta, com sabem Suïssa és un
Estat on es produeixen sovint consultes i referèndum. A Suïssa
s’acaba de produir la pregunta, el referèndum que deia:
prefereixen vostès que es mantinguin les quatre llengües, una de
les quals és minoritària, el retoromànic, com a llengües
oficials, o per estalvi econòmic suprimim l’oficialitat de les
quatre llengües? El 71 % de la població suïssa ha decidit que
s’han de mantenir les quatre llengües. Això és un exemple de
civilitat i d’europeisme en el millor sentit del terme.
Gràcies!
Gracias, señor presidente.
Encontramos adecuada y acertada la moción que presenta el Grupo
Parlamentario Vasco, precisamente porque pone el dedo en la llaga —la
senadora Ahedo lo comentaba— en lo que se refiere al incumplimiento
reiterado y prolongado en el tiempo que está haciendo el Gobierno
del Estado de esta cuestión. Y esto ocurre sea cual sea su signo
político, porque en el Gobierno del PSOE también ocurría. Por lo
que vemos, no es un patrimonio exclusivo del Gobierno del PP. En este
sentido, suscribimos plenamente la moción presentada y, por este
mismo motivo, no hemos presentado enmiendas; hay una absoluta
coincidencia con el planteamiento del PNV. Si nos atenemos
estrictamente al texto de la moción, esta dice: Moción por la que
el Senado expresa su reconocimiento a la realidad plurilingüe del
Estado e insta al Gobierno a cumplir la Carta europea de lenguas
regionales o minoritarias, respetando las políticas de normalización
etcétera.
Precisamente, en relación con esta Carta europea de las lenguas
regionales o minoritarias, el informe que hace el Gobierno de la
Generalitat de Catalunya en junio de 2017 dice que se está
incumpliendo de manera flagrante y que se producen muchos agravios
jurídicos del Estado hacia las lenguas catalana y occitana. Esto lo
dice la directora general de Política Lingüística de la
Generalitat, la señora Ester Franquesa, pero no es un criterio
propio. Ella ha recogido esta información a través de todos los
departamentos de la Generalitat y de las empresas públicas.
¿Cuál es el diagnóstico? Que el Estado no ha modificado el marco
jurídico en el que las autoridades judiciales, políticas y
administrativas utilizan el catalán, euskera y demás lenguas
cooficiales en los procedimientos de manera ordinaria. Aquí también
persiste el impacto del déficit fiscal, porque no hay recursos para
fomentar de manera adecuada las lenguas catalana y occitana, no lo
olvidemos.
Otra cuestión que tenemos que destacar es que el occitano —por
cierto, el 24 de marzo, dentro de unos días, se celebrará una
manifestación en defensa de la lengua aranesa, lengua viva, en
Viella; el aranés era nuestra identidad— queda sin ningún amparo
legal que lo proteja. En ese sentido, por ejemplo, creo que es
acertado lo que comentaba el senador Lerma en nombre del Grupo
Socialista cuando defendía las enmiendas, pero una vez más nos
encontramos con que la teoría dice una cosa y la práctica otra. Los
enunciados están muy regulados por la Constitución,
p. 166
pero a la hora de la verdad su aplicación es claramente
insuficiente. Le diría lo mismo a la senadora San Damián: una cosa
es la teoría y otra, la realidad.
Y permítanme que les hable muy brevemente, porque no me queda
tiempo, del informe que les decía del periodo 2013-2016 sobre las
lenguas en el Estado español. En concreto, en la página 21, la
recomendación del Comité de Ministros a las autoridades españolas
es la siguiente: «Continúen adoptando las medidas jurídicas y
prácticas necesarias para garantizar que a una proporción adecuada
del personal judicial destinado a las comunidades autónomas con
lengua propia sea de aplicación el artículo 9 y tengan capacidad
para trabajar en las lenguas pertinentes.»
He oído hablar del derecho de los funcionarios a concurrir a plazas.
Claro que tienen todos los derechos, pero no tenemos que olvidar que
la Administración está, en primer lugar, para servir a los
ciudadanos, y los ciudadanos tienen derecho a ser atendidos en la
lengua que deseen; por eso son lenguas oficiales. En la página 119
de este mismo informe se dice respecto del aranés:
Las autoridades españolas no han facilitado información alguna
sobre la evolución del aranés. No se facilitó información en el
cuarto informe periódico, y así reiteradamente. Por tanto, ¿qué
dice el informe? Que el Estado español ni tan siquiera informa, por
ejemplo, en el caso de Cataluña, sobre el aranés.
Y déjenme que haga una última referencia, porque se me está
acabando el tiempo. En Suiza se acaba de producir hace muy poco una
consulta.—ya saben que Suiza es un Estado donde se hacen muchas
consultas y referendos—, se acaba de celebrar un referendo en el
que se preguntaba si se querían mantener las cuatro lenguas como
lenguas oficiales, una de las cuales es minoritaria, el
retorrománico, o si por ahorro económico se suprimía su
oficialidad. El 71% de la población suiza ha decidido que se han de
mantener las cuatro lenguas. Este es un ejemplo de civismo y de
europeísmo en el mejor sentido de la palabra.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bagué.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Ahedo.
La señora AHEDO CEZA: Antes que nada quiero dar las gracias a los
grupos que van a apoyar esta moción.
En general lo que yo les quería decir es lo que ya he dicho: que hay
más de 6000 lenguas en el mundo que suponen riqueza, diversidad,
patrimonio; que nos sirven para comunicarnos; que deben valer para
unir; que nunca se debería caer en la utilización partidista de las
lenguas; que las políticas lingüísticas de apoyo, de refuerzo, de
promoción, de protección de lenguas minoritarias no deberían ser
blanco de críticas, a veces interesadas o irracionales. Porque,
mire, señor Yanguas, lo que ha dicho este señor que ha sido
premiado, es una opinión que tiene, por supuesto, absolutamente todo
el derecho a manifestar. Si es mayoritaria o no, no lo sé. Pero le
acabo de decir antes que tiene que haber libertad, voluntariedad y
nada de imposición. Y no vea fantasmas donde no los hay ni nos
cuente milongas sobre determinados apoyos, que a UPN lo conocemos
desde hace demasiados años; no crea que somos nuevos.
Parece que los puntos 1 y 2 no generan tanto problema, y que lo
genera tal vez más el punto 3. Ya les he dicho en el turno de
aceptación de enmiendas que, desde nuestro punto de vista, lo que
proponemos es perfectamente conforme a la legalidad y no supone ni
desigualdad ni restricción ni barrera. El artículo 56.2 del
Estatuto básico del empleado público dice: Las administraciones
públicas deberán prever la selección de empleados públicos —no
la provisión de plazas, los empleados públicos— debidamente
capacitados para cubrir los puestos de trabajo en las comunidades
autónomas que gocen de dos lenguas oficiales. Es decir, que lo que
nosotros planteamos está en unos términos totalmente respetuosos
con la normativa básica estatal del empleado público, y lo que hace
falta son personas capacitadas, lo cual puede ser perfectamente
viable a través de valoraciones de conocimiento de la lengua oficial
como mérito, como requisito o como se considere.
En enero —ya lo ha dicho el señor Iñarritu— se convoca una OPE
para el accesos a los cuerpos de la Administración General del
Estado con 4625 plazas, de las que 340 corresponden a la
Administración periférica de Euskadi. El delegado de Gobierno, el
señor Javier de Andrés, en prensa dice que es una oportunidad para
el desarrollo profesional y personal para muchas personas, y que
sobre todo en este momento es especialmente oportuno tras una crisis
que ha restringido
p. 167
las ofertas de empleo. Totalmente de acuerdo. Pero el señor De
Andrés no es que reconozca que no está cumpliendo con lo que tiene
que cumplir, sino que recuerda que como la convocatoria afecta al
conjunto del Estado, no se pide conocimiento de lenguas autonómicas
—olé—, y encima se queda tan ancho, y el Partido Popular en el
Senado parece que también.
Es decir, que con esta OPE y con las 340 plazas, más el resto de
personas de la Administración General del Estado que hay en Euskadi,
por ejemplo, Bittori, que es una señora que vive en Mendata,
el día que tenga que ir al juzgado de Gernika es más que probable
que no pueda comunicarse en euskera, idioma en el que se siente
cómoda y segura, sobre todo cuando va ante la justicia, que tal vez
le puede intimidar un poquito. O el día que tenga que hacer una
gestión en la Hacienda estatal —y relacionarse con Hacienda a
veces también impone— lo va a tener que hacer en castellano y de
mala manera. Eso, primero, les parece normal, y luego, no estar
cumpliendo con la ley parece que no les preocupa especialmente.
Miren, nosotros tenemos claro que los procesos de normalización
exigen ritmos tranquilos, exigen acuerdo, exigen consenso, pero ritmo
tranquilo no es igual que parálisis y la Administración General del
Estado en este tema está paralizada desde hace cuarenta años, y lo
peor es que parece que no tiene muchas ganas de empezar a andar.
Con respecto al uso de idiomas, y en concreto al uso del euskera, la
Administración General no ha hecho nada, y los pocos funcionarios
que hay capaces de desarrollar su trabajo en euskera lo son debido al
voluntarismo individual.
Miren, qué quieren que les diga... No parece que esta Cámara hoy
vaya a respetar y garantizar los derechos lingüísticos ni de
Bittori, ni de Carme, ni de Xuso. Y les digo la verdad, es una pena,
es una auténtica pena; porque, repetimos, habrá que empezar a dar
algún paso en algún momento.
Lo que proponemos es exclusivamente, y desde la más estricta
legalidad, respeto de garantía de derechos, de compromiso y, en
definitiva, de voluntad, de voluntad política.
Gracias.
(Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Ahedo.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra
el senador Picornell.
El señor PICORNELL GRENZNER: Gràcies, senyor
president.
A
Esquerra Republicana estem absolutament d’acord i agraïm al Partit
Nacionalista Basc la presentació de la moció. Estem d’acord que
l’Estat ha de complir definitivament la Carta Europea de Llengües,
que ha de respectar les polítiques de normalització lingüística
de cada comunitat autònoma i, a més a més, respectar la llengua en
els processos de selecció respecte de l’Administració General de
l’Estat.
Vull
recordar-los un article concret de la Carta Europea de Llengües,
l’article 7.c), que diu que els estats signants es comprometen a
una acció decidida de promoció de les llengües regionals o
minoritàries, i al nostre parer, no és així en el cas de l’Estat
espanyol. Voldria citar uns quants exemples a la senadora Sandamián,
del Partit Popular, i dir-li que el mateix Consell d’Europa parla
de problemes significatius en el compliment d’aquesta Carta Europea
de Llengües, i assenyala dèficits concrets en matèria de justícia,
en matèria d’assistència sanitària o en matèria de mitjans de
comunicació.
Vostè
dirà que el Partit Popular fa una gran feina en aquest sentit;
d’acord, és la seva opinió, però el mateix Consell d’Europa
assenyala aquestes petites qüestions. Petites que no ho són tant
quan ho transformem en exemples concrets. Per tant, li pregunto què
és el que farà l’Estat en matèria de justícia, en matèria
d’assistència sanitària o en matèria de mitjans de comunicació
pel que al compliment d’aquesta Carta Europea de Llengües.
Deixin-me
que els posi també uns quant exemples de l’Informe Cat, que
elabora la Plataforma per la Llengua l’any 2017; uns quants
exemples, tot i que si llegeixen l’informe en trobaran molts més.
Però vull ressaltar-ne uns quants que per a nosaltres són molt
importants. El 90 % dels productes que es venen a Catalunya són
etiquetats en castellà; això va en contra de la Carta Europea de
Llengües. El 90 %.
L’any
2016, la Guàrdia Civil va perseguir, sota amenaces de multa i
d’inhabilitació, uns quants vigilants de seguretat del Prat de
Llobregat perquè a la seva placa en comptes de «vigilantes de
seguridad» hi posava «vigilants de seguretat». Una petita
diferència lingüística que la Guàrdia Civil es va dedicar a
perseguir sota amenaces —insisteixo— de multes i d’inhabilitació.
p.
168
L’any
2017 vam tocar fons pel que fa a matèria judicial. Vam arribar a un
mínim històric de sentències en català, amb una xifra del 8,4 %.
Saben vostès que el 1580 —que és un exemple que posa l’informe
de la Plataforma de la Llengua— un judici en què va participar el
mateix Cervantes es va acabar traduint també al català? Doncs jo
els diria que 438 anys més tard, a dia d’avui, el català no és
un requisit en la carrera judicial.
438
anys més tard: sembla que anem enrere com els crancs.
L’any
2016, el Govern de Rajoy en funcions va tirar endavant 52 normatives
—52— que imposaven el castellà per davant del català. No
estaven parlant d’igualtat; estaven parlant d’imposar el castellà
per davant del català en els territoris de diferents llengües.
Per
últim, el segon tràmit més freqüent a l’Administració
d’Hisenda, que és pagar l’IVA, tampoc no es pot fer en català;
ni en català ni en eusquera ni en gallec, només es pot fer en
castellà. I això no és protecció de les llengües regionals.
Però, en aquest sentit, insisteixo i ja he parlat abans sobre la
reciprocitat dels mitjans de comunicació i la mancança en aquest
sentit. Vull assenyalar- los també que només l’1,6 % de les webs
oficials tenen una versió completa i acurada en català. Només un
1,6% de les webs oficials tenen aquesta versió en català. Per a
nosaltres, és un dèficit de l’Estat i no sé com el milloraran.
Responent
al senador de Navarra, que parlava d’imposar les llengües.
Nosaltres no volem imposar absolutament res. Només volem que les
llengües com el català, com el gallec i com l’eusquera puguin
tenir un pes específic a la nostra societat i que la gent les pugui
utilitzar sense problemes. En aquest sentit, n’hi ha que es pensen
que a 14 milions de quilòmetres quadrats es parla una sola llengua
i, en canvi, a 70.000 quilòmetres quadrats se’n parlen
moltíssimes. I vull recordar aquí l’invent del Partit Popular
sobre el LAPAO i el LAPAPYP. Si això és defensar les llengües dels
territoris, nosaltres no ho veiem de la mateixa manera. Volen trencar
la unitat de la llengua i s’encarreguen en reiterades ocasions de
fer-ho.
Ajudin
el català, ajudin l’eusquera i ajudin el gallec. El castellà
també és la nostra llengua, i també la protegirem, i des d’aquí
puc donar la paraula d’Esquerra Republicana que així serà.
En
qualsevol cas —i acabo, president—, el Consell d’Europa parlava
de problemes significatius.
Nosaltres
creiem que aquests problemes significatius són molt greus. Per tant,
no podem dir que el Partit Popular compleixi la Carta Europea de
Llengües.
Gràcies.
(Aplaudiments.)
Gracias, señor presidente.
En Esquerra Republicana estamos absolutamente de acuerdo y
agradecemos al Grupo Parlamentario Vasco la presentación de la
moción. Estamos de acuerdo en que el Estado debe cumplir
definitivamente la Carta europea de lenguas, que debe respetar las
políticas de normalización lingüística en cada comunidad autónoma
y, además, respetar la lengua en los procesos de selección de la
Administración General del Estado.
Quiero recordarles un artículo concreto de la Carta europea de las
lenguas, el artículo 7. c) que dice: Los Estados firmantes se
comprometen a una acción decidida de promoción de las lenguas
regionales o minoritarias. A nuestro entender eso no es así en el
caso del Estado español, y querría citar unos cuantos ejemplos de
la senadora del Partido Popular, San Damián, y decirle que el propio
Consejo de Europa habla de problemas significativos en el
cumplimiento de esta Carta europea de la lenguas y señala déficits
concretos en materia de justicia, de asistencia sanitaria o en
materia de medios de comunicación.
Usted dirá que el Partido Popular hace un gran trabajo en ese
sentido. De acuerdo, es su opinión, pero el propio Consejo de Europa
señala esas pequeñas cuestiones. Pequeñas o no tanto cuando las
transformamos en ejemplos concretos. Por tanto, le pregunto qué va a
hacer el Estado en materia de justicia, en materia de asistencia
sanitaria y en materia de medios de comunicación en lo que se
refiere al cumplimiento de esta Carta europea de las lenguas.
Déjenme que les ponga unos cuantos ejemplos, también, del informe
CAT, que elabora la Plataforma por la lengua en 2017. Si leen los
informes encontrarán muchos más, pero quiero resaltar algunos que
para nosotros son muy importantes. El 90 % de los productos que se
venden en Cataluña están etiquetados en castellano y eso va en
contra de la Carta Europea de las lenguas; el 90%.
En 2016, la Guardia Civil persiguió —bajo amenaza de multa e
inhabilitación— a unos cuantos vigilantes de seguridad del Prat de
Llobregat, porque en su placa, en lugar de poner vigilantes
p. 169
de seguridad en castellano, lo ponía en catalán: vigilants de
seguritat; una pequeña diferencia lingüística que la Guardia Civil
se dedicó a perseguir bajo amenaza de multas e inhabilitación.
En 2017, tocamos fondo en lo que se refiere a materia judicial, pues
llegamos a un mínimo histórico de sentencias en catalán: un 8,4 %.
Saben ustedes que en 1580 —un ejemplo que pone el informe de la
Plataforma per la llengua—, un juicio en el que participó el
propio Cervantes se acabó traduciendo al catalán. A día de hoy,
438 años más tarde, el catalán no es un requisito en la carrera
judicial. Parece que vamos hacia atrás, como los cangrejos.
En 2016, el Gobierno, en funciones, de Rajoy aprobó 52 normativas
que imponían el castellano por delante del catalán. No estamos
hablando de igualdad, sino de imponer el castellano por delante del
catalán en los territorios con distintas lenguas.
Por último, el segundo trámite más frecuente en la Administración
de Hacienda, pagar el IVA, tampoco se puede hacer en catalán, ni en
euskera, ni en gallego; solo se puede hacer en castellano, y eso no
es proteger las lenguas regionales. En ese sentido, y aunque ya he
hablado antes de la reciprocidad de los medios de comunicación,
quiero señalar que solo el 1,6 % de las webs oficiales tienen una
versión completa y exacta en catalán. Para nosotros, ese es un
déficit del Estado y no sé cómo lo van a mejorar.
Respondiendo al senador de Navarra, que hablaba de imponer las
lenguas, quiero decirle que nosotros no queremos imponer
absolutamente nada, solo queremos que lenguas como el catalán, el
gallego o el euskera puedan tener un peso específico en nuestra
sociedad y que la gente las pueda usar sin problemas. En ese sentido,
hay quienes piensan que en 14 millones de kilómetros cuadrados se
puede hablar una sola lengua y, en cambio, en 70 000 kilómetros
cuadrados, se pueden hablar muchísimas. Recordemos aquí el invento
del Partido Popular del Lapao y Lapapyp.
Si eso es defender las lenguas de los territorios, nosotros no lo
vemos así. Quieren romper la unidad de la lengua y se encargan de
hacerlo en reiteradas ocasiones.
Ayuden al catalán, ayuden al euskera, ayuden al gallego. El
castellano es también nuestra lengua y la vamos a proteger. Desde
aquí, puedo dar la palabra de Esquerra Republicana de que así será.
En cualquier caso, insisto —y acabo, presidente— en que el
Consejo de Europa hablaba de problemas significativos. Nosotros
creemos que esos problemas significativos son muy graves y no podemos
decir que el Partido Popular cumpla con la Carta europea de las
lenguas. Gracias.
(Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Picornell.
Por el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra el senador Arrieta.
El señor ARRIETA ARRIETA:
Presidente jauna, mila esker .
Voy a empezar mi intervención con tres verdades de Perogrullo. Una:
prácticamente la mitad de la ciudadanía del Estado español vive en
comunidades con otra lengua, además del castellano.
Dos: el plurilingüismo aquí, y en cualquier lugar del mundo, supone
una riqueza cultural de la que sentirse orgullosos. Y, tres: el
plurilingüismo, aquí y allí, tiene una dimensión política,
porque es una cuestión que afecta directamente a la convivencia y al
respeto de la diferencia.
Creo que, en teoría, todas y todos consideramos que la Constitución
de 1978 y los correspondientes estatutos de autonomía supusieron un
avance para las lenguas del Estado distintas del castellano, pero en
la práctica —y esto va dirigido a mi amiga Clara San Damián, del
Grupo Parlamentario Popular—, después de cuarenta años de
recorrido constitucional, las instituciones ejecutivas, legislativas
y judiciales del Estado no acaban de asumir como propio el
plurilingüismo. Por eso, la moción que hoy tratamos viene a recoger
lo que, a juicio de muchos, sigue siendo una asignatura pendiente:
que el Estado asuma de forma efectiva su naturaleza plurilingüe y
actúe en consecuencia.
Porque, señorías, el Estado dice reconocer el plurilingüismo en
España, pero muchas veces, demasiadas, actúa como si fuera
monolingüe y no pone en valor ese plurilingüismo que es
consustancial al propio Estado. Consideramos que para que haya
convivencia lingüística es imprescindible reconocernos todos y
todas como somos, sería importante el reconocimiento efectivo de
esas otras lenguas que ya han llegado a la mayoría de edad y que son
distintas del castellano.
Los sucesivos informes de la Carta europea de las lenguas regionales
comunitarias acumulan críticas y propuestas al Estado porque existe
un déficit que es evidente, y visto desde Euskadi, el
p. 170
cometido del Estado debería ser doble: por una parte, la
Administración periférica del Estado debe cumplir —y se considera
que es un imperativo constitucional que así lo haga— con el
régimen de doble oficialidad y consiguiente igualdad de estatus
legal de ambas lenguas en todos los servicios administrativos que
tengan radicados en Euskadi; y por otra parte, sería necesario que
las instituciones del Estado dejaran de actuar como si España fuera
un Estado monolingüe. A nuestro juicio, los poderes públicos
centrales del Estado deben hacer suya la pluralidad lingüística y
asumir como tarea propia su promoción, pero de verdad. Sería
deseable y necesario —esto es algo nuevo— que, cumpliendo
precisamente una de las recomendaciones que el comité de ministros
del Consejo de Europa ha dirigido al Gobierno de España, los
sistemas educativos y los medios de comunicación del Estado
visibilizaran el plurilingüismo del Estado y acercaran las
diferentes lenguas y su patrimonio cultural al conjunto de todos los
ciudadanos y ciudadanas del Estado.
Para terminar, señorías, también sería importante y necesaria una
ley de lenguas; sería, sin duda, un paso muy importante y positivo,
supondría mirar con una actitud pluralista, es decir no
homogeneizadora ni jerarquizadora, al plurilingüismo.
Eskerrik asko.
(Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Arrieta.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Lerma.
El señor LERMA BLASCO: Gracias, presidente.
Lo primero, desde luego, es agradecer al Grupo Parlamentario Vasco
que nos haya aceptado la enmienda, porque viene a significar
fundamentalmente que desde el punto de vista legal hay una protección
muy potente para las diversas lenguas que se hablan en España Por
otro lado, ya dije anteriormente que, en lo que respecta a la
protección de las lenguas españolas, la Carta europea de lenguas
minoritarias aporta poco. Es más, creo que algunas de las
intervenciones anteriores han minorizado realmente la importancia de
las lenguas españolas en la realidad actual, porque se ha dado a
entender que son lenguas minoritarias cuando no lo son; son lenguas
vivas, potentes y que crecen en su uso habitualmente. Por tanto, la
referencia a la Carta europea de lenguas minoritarias regionales
quizá sea poco adecuada para el caso de las lenguas españolas de
las que estamos hablando en este momento.
En cualquier caso, si antes me he referido a la protección legal, en
este caso constitucional y estatutaria, que tienen las diversas
lenguas españolas, ahora quiero referirme a la interpretación que
se hace de ellas —a ese derecho y su defensa— por parte de las
instituciones españolas y, fundamentalmente, por el Tribunal
Constitucional, porque da la impresión de que efectivamente algunas
personas o algunos gobiernos no reconocen la fuerza que legalmente y
también por su uso habitual tienen las lenguas españolas.
Con respecto al tema de la cooficialidad, hay sentencias muy
relevantes del Tribunal Constitucional que hacen referencia a las
obligaciones que tiene el Estado de acuerdo con esa protección
legal. Una, la más importante, es la que hace referencia a la
cooficialidad de las lenguas españolas, que dice algo tan claro y
rotundo como que la cooficialidad de las demás lenguas españolas lo
es con respecto a todos los poderes públicos radicados en el
territorio autonómico, sin exclusión de los órganos dependientes
de la Administración central y de otras instituciones estatales en
sentido estricto.
En los territorios dotados de un estatuto de cooficialidad
lingüística el uso por los particulares de cualquier lengua oficial
tiene plena validez jurídica en las relaciones que mantengan con
cualquier poder público radicado en dicho territorio, siendo el
derecho de las personas al uso de una lengua oficial un derecho
fundado en la Constitución y el respectivo estatuto de autonomía;
sentencias del Tribunal Constitucional 82/1986 y 123/1988. Desde
luego, son muy contundentes y muy obligatorias para las instituciones
del Estado, especialmente para el Gobierno. La referencia anterior a
la Carta europea de lenguas regionales queda un poco ridícula frente
a esta protección, que sí es efectiva y exigible.
Es más, si hacemos referencia al tema de las lenguas regionales, el
régimen de convivencia lingüística establecido por la Constitución
y los estatutos, de acuerdo con otra de las sentencias importantes
que hace referencia a la convivencia de las lenguas, no solo
presupone la coexistencia, sino la convivencia de ambas lenguas
cooficiales y los poderes públicos deben garantizar en sus
p. 171
respectivos ámbitos de competencia el derecho de todos a no ser
discriminados por el uso de una de las lenguas oficiales en la
comunidad autónoma; sentencia 333/1994. Es decir, no solo por la
protección legal de la Constitución y los estatutos, sino también
por el desarrollo posterior, queda muy claro y contundentemente
expresado por el Tribunal Constitucional la obligación del Gobierno
de España, en este caso, de proteger de manera contundente las
lenguas cooficiales en todas las comunidades españolas donde son
oficiales.
Muchas gracias.
(Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Lerma.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
San Damián.
La señora SAN DAMIÁN HERNÁNDEZ: Gracias, presidente.
Buenos días de nuevo, señorías. Conviene que los árboles no nos
impidan ver el bosque y que abordemos el asunto que verdaderamente
subyace en esta moción, que está en su apartado 3 y se plantea en
relación con el euskera y el acceso a la función pública.
Señorías, no hay que olvidar dos cuestiones. La primera es el
artículo 3 de la Constitución española: El castellano es la lengua
española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de
conocerla y el derecho a usarla. Además, reconoce también que las
lenguas oficiales de las comunidades autónomas conforman un
patrimonio cultural que tenemos la obligación de defender y,
también, de proteger. Asimismo, nos obligamos todos a reconocer que
en España, en las distintas administraciones públicas, contamos con
funcionarios de excelente formación; muchos de ellos han superado
pruebas de acceso de altísimo nivel que jamás podremos poner en
duda en cuanto a su capacitación, que es siempre incuestionable. Los
funcionarios prestan un servicio ciudadano inmejorable y ponen en
valor el sistema formativo y selectivo de nuestro país; funcionarios
que hacen de la Administración General del Estado una Administración
de calidad que está muy bien valorada por todos los españoles.
Señorías, no podemos permitirnos
renunciar a ningún funcionario preparado, cualificado, formado y
profesional por el hecho de que no conozca una lengua cooficial en
nuestro país. No nos lo podemos permitir como sociedad, señora
Ahedo.
(Aplausos). No podemos
permitirnos perder a un buen cirujano, a un buen ingeniero o a un
buen profesor solo porque ustedes se empeñen en que lo que importa
es que conozcan el euskera y no que hagan bien su trabajo.
Las lenguas que constituyen nuestro
patrimonio cultural, señora Ahedo, no pueden ser utilizadas como
instrumento para enfrentarnos, como está sucediendo en algunas
comunidades autónomas, porque algunos partidos están haciéndole el
juego al independentismo. No se puede marginar ni excluir al
castellano. Nunca, señora Ahedo, porque es nuestra lengua común. No
se puede marginar al castellano ni tampoco excluir a los ciudadanos
en el acceso y en la movilidad de los funcionarios dentro del
territorio nacional.
Señorías, he paseado por las calles de La Coruña, de Vitoria, por
Barcelona y por el paseo marítimo de Mallorca y nunca, jamás, he
percibido que los ciudadanos tuvieran problema alguno con el
castellano. Nunca lo he percibido. Por lo tanto, señorías, ¿por
qué nos empeñamos en generar un problema político y en poner sobre
la mesa un debate que los ciudadanos no demandan? ¿Por qué hacemos
esto? ¿Por qué?, si ningún ciudadano demanda este debate.
El conocimiento de una lengua debe servir para ayudar a mejorar la
prestación del servicio, pero nunca ha de considerarse un requisito
por encima de las cualificaciones profesionales de un ciudadano. Hay
que erradicar de la política y de la función pública, señora
Ahedo, la utilización de la lengua como un instrumento de
confrontación, de odio, incluso para aventajar a determinadas
personas (Aplausos.—
Protestas).
Señorías, hemos intentado transaccionar con el Grupo Parlamentario
Vasco un texto para que, por un lado, reconozcamos el trabajo que el
Gobierno de España ha venido haciendo en los últimos años, igual
que los gobiernos anteriores, en cumplimiento de nuestros compromisos
con la Carta europea. También
hemos tratado de transaccionar con ustedes el hecho de que quede
claro en su moción que el castellano es la lengua común de todos y
cada uno de los españoles y que las lenguas oficiales solo
pueden unirnos, nunca separarnos. Cuando lo que prima son otras
cosas, en vez de un buen servicio, además de mermar la calidad de
nuestros servicios públicos, le
estamos haciendo un flaco favor a nuestra lengua, a nuestra cultura,
a nuestras tradiciones y, por lo tanto, a nosotros mismos.
p. 172
Señorías, el Partido Popular votará que no (Rumores) porque
representamos a un partido y a un proyecto nacional que defiende el
compromiso constitucional. Lo defiende aquí, lo defiende en
Barcelona, en Galicia, en Cataluña y en mi ciudad, que es Zamora.
Siempre hemos defendido el compromiso constitucional de proteger y
promocionar las lenguas cooficiales, pero,
sobre todo, defendemos la lengua común de todos los españoles, el
castellano, porque une a los ciudadanos y a los territorios de
España.
Muchas gracias.
(Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora San Damián.
Llamen a votación.
(Pausa).
Cierren las puertas.
Señorías, antes de la votación, les informo de que, a
continuación, al acabar el Pleno, se van a reunir la Comisión de
Medio Ambiente y Cambio Climático, en la sala Clara Campoamor, y la
Mesa y la Junta de Portavoces de la Comisión de Agricultura, Pesca y
Alimentación, en la sala de Comunidades Autónomas.
Votamos la moción del Grupo Parlamentario Vasco, con la
incorporación de la enmienda aceptada del Grupo Parlamentario
Socialista.
Comienza la votación.
(Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 253;
votos emitidos, 253; a favor, 101; en contra, 150; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
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