7/28/2021

Cartas a Laia, número 10 (11 JUL 2021)

En este post número 10, Amaia, comento algunos ejemplos del "lawfare" utilizado por las autoridades españolas para resolver un conflicto político por vías antidemocráticas. Al pie, enlaces a posts anteriores.

Clica aquí, si hace falta, para acceder al texto entero

Hola Amaia de nuevo. Me has planteado unas preguntas que creo que se contestan utilizando una palabra inglesa, "lawfare". Si el arte de la guerra, en inglés, se llama "warfare", des de hace siglos, el uso de la llei ("law") en el vocablo "lawfare" -un término mucho más reciente- se refiere al uso de la ley y los tribunales para deshacerse de los adversarios políticos: un sistema de operar que queda lejos de los estándares democráticos. El término más parecido en lengua española (pero menos agresivo) sería -creo- la "judicialización de la política".

Parece que los padres del término fueron dos australianos, John Carlson y Neville Thomas Yeomans, que lo acuñaron en 1975, aunque en un sentido diferente del actual: Lawfare replaces warfare and the duel is with words rather than swords". 

Más tarde, en 2001, el norteamericano coronel Charles J. Dunlap Jr. (2001) le da la definición actual. El coronel describe lawfare como "a method of warfare where law is used as a means of realizing a military objective" ("un método del arte de la guerra donde se utiliza la ley como forma de conseguir un objetivo milutar"), pero en definitiva considera que el lawfare és una "cynical manipulation of the rule of law and the humanitarian values it represents".

El artículo de Clarín que se refiere a ello opina que 


"Lawfare refiere, así, a la judicialización de la política. La idea del es que distintos actores sociales, desde el Poder Judicial hasta los medios de comunicación, obran juntos en contra de un espacio político, sea este oficialista u opositor." (Clarín, 2019)

Dijo una víctima de lawfare, Cristina Kirchner, citada en el mismo artículo, que "todo este proceso es lawfare, se publicitan cosas que no ocurrieron para conformar una opinión pública para que los jueces no tengan más que condenar. No soy abogada penal, pero nunca en mi vida escuché un guión en lugar de una acusación fiscal." 

Encontraremos decenas de ejemplos de presidentes y primeros ministros depuestos y enjuiciados con poca más intención de permitir a la oposición de tomar el poder por una vía diferente de la de las urnas electorales.
 
En el Parlamento Europeo, el 21 de febrero de 2020 se celebró una conferència sobre el Lawfare, con intervenció de Carles Puigdemont i Andreu Van Den Eynde y Gonzaló Boye entre otros.

España ha atraído poco interés internacional en relación con el lawfare. Así,  la revista-blog www.lawfareblog.com no le ha dedicado ni un solo artículo, por lo menos desde el inicio de 2017. Tampoco he sido capaz de localizar ningún artículo sobre el tema en el prestigioso Foreign Policy, después del artículo dramático de James Badcock (2017) a cuatro días del referéndum de autodeterminación no autorizada por el Estado del primero de octubre de 2017: "Spain is flirting with another civil war" era su título: "España está flirteando con otra guerra civil"! Fue el último artículo suyo (de cuatro) en esa revista.

En cambio, hay ejemplos clamorosos en Cataluña -donde más de tres mil represaliados esperan juicio, donde pueden acabar arruinados, inhabilitados o en la cárcel- que por su número no puedo cubrir en su totalidad. Vamos a describir algunos de ellos. 
 
El contexto es claro, relacionado con el proceso democrático y pacífico elegido por Cataluña para decidir su futuro político: Según Mercè Barceló: https://www.naciodigital.cat/baixpenedes/opinio/22164/judici-tota-universitat

"Diferents judicis però una sola causa general i la mateixa voluntat d'escarment contra aquelles i aquells que propiciaren que la ciutadania de Catalunya es pronunciés democràticament a través del seu vot." 

Diferentes juicios pero una sola causa general y la misma voluntad de escarmiento contra aquellas y aquellos que propiciaron que la ciudadanía de Cataluña se pronunciara democráticamente a través de su voto (mi traducción) 

 
Cito al despues víctima del lawfare español, President Quim Torra, denunciando las causas de la huelga de hambre de cutro presos políticos, que comentaremos más adelante: 

"S’està aplicant el dret penal com a venjança, establint una legalitat ad hoc per atacar la dissidència política...
El poder judicial espanyol està cometent una de les pitjors barbaritats que s’han vist a Europa els últims anys...
Ens trobem davant de la vulneració completa dels drets de ciutadania, dels drets civils i polítics i del respecte pel marc legal de què s’ha dotat el mateix estat espanyol." (VilaWeb 2018)
 
"Se está aplicando el derecho penal como venganza, estableciendo una legalidad ad hoc para atacar la disidencia política ... 
El poder judicial español está cometiendo una de las peores barbaridades que se han visto en Europa en los últimos años ... 
Nos encontramos ante la vulneración completa de los derechos de ciudadanía, de los derechos civiles y políticos y del respeto por el marco legal de que se ha dotado el mismo estado español." (VilaWeb 2018) (traducción mía)
 
Voy a seguir un criterio institucional, es decir, voy a ilustrar mi aportación -si me da tiempo- con ejemplos de seis organismos españoles: el Tribunal Constitucional, los tribunales de Cataluña, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, el "Tribunal de Cuentas" y finalmente el Senado.
 
Los ejemplos parten de la decisión anticonstitucional del Tribunal Constitucional de modificar el Estatuto de Autonomía de 2006, ya refrendado, en su sentencia de 2010.
Su Artículo 152 dice claramente que

... 2. Una vez sancionados y promulgados los respectivos Estatutos, solamente podrán ser modificados mediante los procedimientos en ellos establecidos y con referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes. 
 
Tras múltiples intentos fracasados de negociar una salida democrática acordada con España, los momentos clave serán una consulta no vinculante en 2014, y un referendum de autodeterminación en octubre de 2017, con una declaración de independencia en función de los resultados claros, y la intervención en diferentes frentes del Estado español.

1. El Tribunal Constitucional
 
Estando el Partido Popular en el poder (mejor dicho, en el Gobierno: el poder yace oculto en otros lugares), se tramitó la "Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho". En su preámbulo leemos:
 
"Si bien la actual regulación del Tribunal Constitucional contiene los principios generales para garantizar la efectividad de sus resoluciones, la necesidad de adaptarse a las nuevas situaciones que pretenden evitar o soslayar tal efectividad obliga a desarrollar los instrumentos necesarios para que la garantía de efectividad sea real."

¿Y cuales son "dichas nuevas situaciones"? Pues, sencillamente, el hecho de que el gobierno de Cataluña anunciara que celebraría un referéndum no vinculante (una "consulta") sobre el futuro político de Cataluña, futuro que, obviamente, incluía lo que resultó ser muy mayoritariamente votado: la independencia.

Estas reformas, que afectan principalmente los artículos 80, 87 y 92 de la ley, han permitido un régimen específico...

"para los supuestos de incumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional. En estos casos, el Tribunal solicitará un informe a quienes deban cumplirlas y, una vez se reciba el informe o venza el plazo que se hubiera dado, el Tribunal podrá imponer multas coercitivas, acordar la suspensión de las autoridades o empleados públicos responsables del incumplimiento, o encomendar al Gobierno de la Nación, aun en funciones, la ejecución sustitutoria. Todo ello, sin perjuicio de que puedan exigirse las responsabilidades penales que correspondan."

Así, con estas nuevas armas, con efecto desde el mismo momento que el Gobierno pida la inmediata suspensión de la norma o resolución aprobada, el Tribunal (con tres magistrados disconformes con la decision draconiana tomada) impuso, a instancias del gobierno español, multas coercitivas diarias de €12.000 a los siete miembros -todos ellos de gran prestigio- de la sindicatura electoral de Cataluña. Este órgano fue prevista por la Ley del Referéndum, redactada con base en los tratados ratificados por España que reconocen que "Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación", y aprobado por el Parlament el 6 y 7 de septiembre de 2017, para supervisar el referéndum del 1 de octubre. Se amenazaba, además, con multas de €6.000 diarios a los 15 miembros de las sindicaturas territoriales. Todos ellos dimitieron, cumpliendo con el Auto de 21 de septiembre de 2017, y no tuvieron que pagar multa alguna. 
 
Más adelante, quizá temerosos de que los tribunales europeos -que solo podrán estudiar los casos que hayan llegado hasta la cumbre dels sistema judicial español- tumbarán las sentencias y autos del Tribunal Constitucional, dicho tribunal admite todos los recursos de amparo presentados por los presos políticos (cosa inaudita en la trayectoria del tribunal), pero no los tramita -nuevamente, de modo excepcional- durante meses, tras sus indignas condenas por parte del Tribunal Supreno. Jordi Turull, en su décimo dia de huelga de hambre (con Jordi Sànchez, Josep Rull y Quim Forn) en protesta por el retraso, describe lo siguiente:

Que el TC és un òrgan que el que fa és decorar jurídicament decisions polítiques de l’Estat fa temps que ho sap tothom. Ara el tema és més greu. No en té prou en actuar a favor d’una part sinó que sap que té un mecanisme per denunciar la seva injustícia i és acceptar escrits i tancar-los al calaix. I l’aplica indissimuladament. (González, 2018) 
 
Que el TC es un órgano que lo que hace es decorar jurídicamente decisiones políticas del Estado hace tiempo que lo sabe todo el mundo. Ahora el tema es más grave. No le basta al actuar a favor de una parte sino que sabe que tiene un mecanismo para denunciar su injusticia y es aceptar escritos y cerrarlos en el cajón. Y lo aplica indisimuladamente. (González, 2018) (mi traducción)
 
Dicha acción fue comentada en The Guardian de Inglaterra:
 
The pair (Jordi Sanchez and Jordi Turull) accuse Spain’s constitutional court of deliberately blocking their numerous appeals to prevent their cases progressing to the European court of human rights (Jones 2018). 
 
Ambos (Jordi Sánchez y Jordi Turull) acusan al Tribunal Constitucional de España de bloquear deliberadamente sus numerosas apelaciones para evitar que sus casos avancen hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
 

2. Los tribunales de Cataluña.
 
a. Sin embargo, la maquinaria ordinaria de la justicia española ya se había puesto en marcha. 

La fiscal jefe de Barcelona, Anna Magaldi, firmó una querella por desobediencia, malversación de fondos públicos y usurpación de funciones públicas contra los cinco miembros de la Sindicatura y los dos suplentes (El Confidencial Digital, 2019).

El 7 de diciembre de 2018 el periódico británico The Guardian publicó una carta firmada por 400 académicos de multitud de países, en protesta por el procesamiento. 

"It is probably the first time in the history of the EU that political scientists and lawyers are being threatened with a prison sentence for using their expertise to guarantee that a referendum is held in a fair and impartial way" (The Guardian 2018)
 
"Es probablemente la primera vez en la historia de la Unión Europea que se amenaza a académicos de ciencias políticas con la cárcel, por el hecho de utilizar su experiencia para garantizar que se celebre un referéndum de forma justa e imparcial" (traducción mía)
  
"Más de 13.000 académicos de EE.UU y Reino Unido piden el archivo de la causa contra la Sindicatura Electoral del 1-O", entre la American Political Science Association (APSA) y la Political Science Association (PSA) del Reino Unido". https://www.eldiario.es/catalunya/politica/eeuu-reino-unido-sindicatura-electoral_1_1810022.html

El 18 de diciembre se realizó un acte en la Universidad de Barcelona, en apoyo a los dos profesores que habían sido nombrado mienbros de la Sindicatura Electotral para el 1-O, y en protesta por su procesamiento.  https://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2018/12/021.html  

Al cabo de más de tres años, se celebra su juicio (Esteve 2021) ante el tribunal de lo penal, número 11 de Barcelona, donde niegan haber trabajado despues de recibir la advertencia del TC. La fiscalía provincial pedía dos años y nueve meses de cárcel y, alternativamente, un año de inhabilitación para ejercer cargo electoral y público, además de pagar una multa de 5.400 euros por desobediencia a los tribunales (El Punt Avui 2021). Era pertinente una sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en la cual se afirmaba que la administración electoral de l’1-O “nunca llegó a ser operativa”. Tras el juicio se les absuelve en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña... pero la fiscalía recurre la sentencia (Esteve 2021).

¿Es este un caso de lawfare, cuando el tribunal se les absuelve (aunque persiste la fiscalía)? Yo afirmo que sí, doblemente: por parte del tribunal, ya que no había pruebas de que hubieran desobedecido, y por tanto se les habría podido ahorrar -a cinco ciudadanos honorables- tres largos años de angustia; y por parte de la fiscalía, que mantiene una actitud de hostigamiento hacia todo el proceso catalán, en forma de una causa general.

 b. ¿Son éstos los únicos ejemplos de causas estrambóticas que acaban siendo archivadas o con una absolución? Ni de lejos. Destaca el caso der la Associació Catalana de Municipis:
 
"L’Audiència de Barcelona ha arxivat la causa oberta des de l’octubre del 2019 contra l’Associació Catalana de Municipis a qui la fiscalia acusava de malversació per desviació de fons per al procés d’independència. En una interlocutòria molt dura, el tribunal critica el magistrat instructor, Jaime Conejo Heredia, i la fiscalia per haver vulnerat drets fonamentals dels nou investigats i considera nuls els escorcolls de la policia espanyola a la seu de l’entitat. A més, recrimina al jutge que allargués el secret de sumari tot i una ordre explícita de l’Audiència de Barcelona perquè traslladés tota la documentació a les defenses." 
 
"La Audiencia de Barcelona ha archivado la causa abierta desde octubre de 2019 contra la Associació Catalana de Municipios a la cual la fiscalía acusaba de malversación por desviación de fondos para el proceso de independencia. En un auto muy duro, el tribunal critica el magistrado instructor, Jaime Conejo Heredia, y la fiscalía por haber vulnerado derechos fundamentales de los nueve investigados y considera nulos los registros de la policía española en la sede de la entidad. Además, recrimina al juez que extendiera el secreto de sumario aunque una orden explícita de la Audiencia de Barcelona para que trasladara toda la documentación a las defensas." (VilaWeb, 2021)
 
Hay otro caso que acaba con una absolución y que veremos más adelante, que revela la perversidad de la judicatura española. Se trata del enjuiciamiento del jefe de la policia catalána (los Mossos de Esquadra), el major Trapero, y varios ex altos cargos del departament del Interior. 

c. El 19 de octubre de 2020 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a 20 meses de inhabilitación y €30.000 de multa a cuatro diputados de la Mesa del Parlament en la anterior legislatura, por desobedecer con “contumacia” al Tribunal Constitucional y permitir que se tramitaran varias resoluciones que derivaron en el referéndum ilegal de 2017 y la declaración de independencia. (Ríos 2020)

La sentencia relata la desobediencia cometida por los cuatro condenados durante casi dos años, desde que se inició la anterior legislatura a finales de 2015, al desoír las reiteradas advertencias del Tribunal Constitucional sobre las consecuencias penales que tendría su actuación porque los acuerdos que se adoptaban eran suspendidos de inmediato y posteriormente anulados. (Ríos 2020)
 
Se excluye de la causa la presidenta de la misma cámara, Carme Forcadell. por su participación en los hechos encausados, y por haber sido presidenta de la entidad de la sociedad civil (entidad no denunciada hasta ahora), l'Assemblea Nacional Catalana. Cuatro días antes había sido condenada por el Tribunal Supremo, como veremos.
 
La cuestión de fondo aquí, claro está, es si en una democracia un órgano del poder judicial debe tener la capacidad de condicionar el órgano legislativo hasta el punto de prohibir sus debates y anular resoluciones sin consecuencias ejecutivas.

d. El caso más aberrante es la inhabilitación y multa fuerte al Presidente Quim Torra, por no reitrar la pancarta en el Palau de la Generalitat que rezaba "Llibertat Presos Polítics" (que según el Estado no existen!), en época electoral. Es una sentencia totalmente desproporcionada, que trasbalsa a toda la política catalana.

3. Tribunal Supremo

 
At the beginning of November 2017, the attorney general of Spain’s supreme court charged Junqueras and eight ministers and senior officials with rebellion, demanding a 25-year sentence for the former vice-president and up to 17 years for the others. (Burgen 2018) 
 
A principios de noviembre de 2017, el fiscal general del Tribunal Supremo de España acusó de rebelión a Junqueras y a ocho ministros y altos funcionarios, exigiendo una condena de 25 años para el exvicepresidente y hasta 17 años para los demás.
 
En enero de 2018, entra en pánico el Estado ya que está a punto de ser votado nuevamente como presidente de la Generalitat (Gobierno) de Cataluña, Carles Puigdemont -el presidente en el exilio- que ha ganado las elecciones autonómicas convocadas (totalmente fuera de la normativa) por el Gobierno de España.
 
Según la abogada Olga Tubau,  (Casulleras Nualart 2020):
 
"Els acusats del Suprem deien que tot això que dieu que hem fet doncs sí, ho hem fet, però ara us donarem arguments perquè vegeu que això no és pas delictiu, ni rebel·lió, ni sedició ni desobediència. Ells deien ‘tenim un mandat de les urnes i un dret d’autodeterminació i no se’ns pot castigar per haver promogut un referèndum, perquè això és democràcia’". 
 
"Los acusados ​​del Supremo decían que todo eso que decís que hemos hecho; pues sí, lo hemos hecho, pero ahora os daremos argumentos para que vean que esto no es delictivo, ni rebelión, ni sedición ni desobediencia. Ellos decían 'tenemos un mandato de las urnas y un derecho de autodeterminación y no se nos puede castigar por haber promovido un referéndum, porque eso es democracia'."
 
Por cierto, en 2005 se modificó el Código Penal para que dejara de ser un delito penal la organización de un referéndum (BOE 2005). En su preámbulo aparece claramente esta frase (que el Supremo se pasará por el forro):

"Los artículos anteriores, cuya derogación se lleva a cabo por la presente Ley, se refieren a conductas que no tienen la suficiente entidad como para merecer el reproche penal, y menos aún si la pena que se contempla es la prisión."
 
Ahora bien, lo más notorio de la actuación del Tribunal Supremo, a través de un magistrado instructor, Pablo Llarenam son los intents fracasados hasta la fecha de conseguir la extradición de oos exiliados: principalmente el president Carles Puigdemont, pero tambien los ahora eurodiputados Toni Comín y Clara Ponsatí.


The European Arrest Warrant (EAW) system was devised to unify and simplify extradition procedures between member states. The first attempts to extradite Puigdemont from Belgium had been abandoned after it was clear that Belgian courts were not going to agree. (+) However, it was also clear that the Spanish authorities would not just give up, and a new EAW cold be issued at any moment should he leave Belgium for any other EU member state.

 On March 14 2018, Puigdemont attended a conference in Geneva, Switzerland, on “The regression of human rights in Spain" as a side-event to the 37th meeting of the UN Council of Human Rights. Judge Llarena did not at that point issue an EAW. 

 Later in March Puigdemont had accepted an invitation by an all-party, eight-member Finnish parliamentary group Friends of Catalonia to speak at the University of Helsinki at the Faculty of Polítical Science on the political situation in Catalonia.

His lecture received ample coverage in the Catalan and Spanish media, but predictably received ferocious coverage by the Spanish nationalist press. These excerpts from an article in Es Diario on 24 March 2018 entitled “A Finnish professor sinks Puigdemont with a question that knocks him out. The Finnish professor of Law Jukka Kekkonen of the University of Helsinki has destroyed the lies of the independence movement with a brilliant exposition that made a fool of the procés.” (esDiario 2018). He gives us an idea of the unrelenting hostility that the Catalan independence process receives in the Spanish press: 

“In question time, Kekkonen accused Puigdemont of misrepresenting reality by stating that he represents the Catalan people and that the Catalan prisoners being tried by the Supreme Court are political prisoners, while asking him: "How dare you speak on behalf of all Catalans?". The professor, author of a book on Francoism, criticized him for drawing parallels between the current Spanish political situation and the (Franco) dictatorship and said that, from a legal point of view, sovereign aspirations are "a very weak case."

He also rejected the comparison of Spain with countries like Hungary in terms of respect for the institutions of the rule of law. "You separatists speak of history in a way that (Vladimir) Putin would be proud of," he said, later arguing that the only ones who support Catalan separatism in Europe are right-wing populists and, to a lesser extent, the traditional left.” 

On hearing about the new EAW, according to El Mundo, ‘Puigdemont abandona Finlandia y está "a disposición de la Justicia belga", según su abogado’

El Mundo explained that he had tricked the media:

Puigdemont respondió al diario Hesingin Sanomat que no tenía intención de salir huyendo de Finlandia. "Si se emite la orden europea de detención, da igual en qué país esté. Las autoridades tienen que cumplir la ley", afirmó entonces al citado medio. 

On its way back to Waterloo (Belgium) from Helsinki Finland on March 25, 2018  at X o’clock, a car containing President Puigdemont and four others (López Fonseca, 2018, referred to them as “mysterious companions”; see below) approached the first filling station off the motorway after crossing the Danish border in Schuby, Schleswig-Holstein Germany. There, the German police stopped them, identified and arrested all four. Two were off-duty Catalan police officers. The car’s route has been mapped out and much planning by the Spanish and German authorities went into his arrest and detention. The Spanish secret service, the CNI, coordinated his arrest with them. The very next day, thousands took to the streets in Catalonia in protest.

The German police found a tracking device on the car, installed by the Spanish secret police (this is not the first time; Catalan found one and reported it to the Belgian authorities); and were surprised that the car’s location had not been reported to the Danish police.

“El coche del expresidente de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont llevaba un geolocalizador incorporado por los investigadores españoles en su camino de regreso a Bruselas desde Helsinki. Fuentes cercanas a la investigación han informado de que doce agentes del Centro Nacional de Inteligencias (CNI) se ocuparon de vigilar a Puigdemont desde Bruselas hasta Helsinki, un trayecto que hizo en avión el pasado jueves.

Estos agentes fueron relevados después por investigadores de la Comisaría General de Información, que se ocuparon de vigilar al expresidente en su viaje de regreso a Bélgica en coche. De hecho, los investigadores habían colocado previamente un dispositivo de geolocalización en el vehículo del expresident, al que siempre tuvieron controlado, aseguran las fuentes.”

+ After his arrest, a legal proceeding was launched which ended with the landmark ruling by the Regional Supreme Court of Schleswig-Holstein dismissing the EAW. While under normal circumstances the Spanish judiciary would let the German judiciary conduct its business according to its own rules and procedures. Although at first it may have seemed to not have interfered in the proceedings, this was not at all the case. There was frantic intense pressure brought to bear by the Spanish on the German judiciaries.

There were frequent confidential trips and meetings between Spanish judicial officials and members of the German judiciary to extradite the President, which later came to light. They had never been so close to achieving an extradition, and they didn’t want to waste the opportunity. (Domènech 2021)

+ On April 5, 2018, the Schleswig-Holstein Supreme Court refused to extradite Carles Puigdemont for the crime of rebellion, but initially considered embezzlement to be potentially valid grounds. They requested additional information to determine whether embezzlement had taken place, specifically if it could be equated with the crime of "corruption" under the European Arrest Warrant. This is when the shock troops of the Spanish judiciary were mobilized.

A meeting was immediately called between the Spanish Supreme Court Prosecutor's Office and the Schleswig-Holstein Prosecutor's Office at the Eurojust headquarters in The Hague, ostensibly to "coordinate the defence of the European Arrest Warrant against President Puigdemont". Though intended to be a strictly confidential meeting, it’s importance  was clearly demonstrated by the fact that several preparatory meetings and even a joint session of the permanent representatives of Germany and Spain in Eurojust were needed to decide the agenda for that of April 13. The meeting was led by the Spanish prosecutor Jiménez-Villarejo, who was then vice president of Eurojust, and Supreme Court prosecutors who participated in the lawsuit that Judge Llarena had presided over were in attendance. The meeting was so confidential that it was billed as being yet another preparatory meeting, and that the final one would be announced in due course. 

Given the decision of the German Supreme Court not to grant extradition for rebellion, ​​the Spanish representatives suggested to the German prosecutors that the most appropriate way would be to present a "complementary European order", or an "extension."

The idea was to combine the crime of rebellion (Spain) and that of high treason (Germany) based on the "conspiracy to rebel" pursuant to art. 83 of the German Penal Code. This criminal charge did not require the use of violence, as was the case under Articles 81-82 which was refused by the German judges. This would make it possible to reframe the extradition charges to better assure success. 

 During the European Arrest Warrant hearings, the German investigating magistrate was very reluctant to consider "conspiracy" which carries an 8-year jail sentence. If the Germans considered this combination of charges possible based on the Hague talks, the Spanish officials would send a letter to Llarena requesting that the European Arrest Warrant  be reissued so that conspiracy be the basis of the charges, so that charges of ‘rebellion’ in Spain could be maintained, which was a necessary condition for Llarena to accept the extradition of the President. In any case, the Schleswig-Holstein Regional Supreme Court refused the extradition, and Carles Puigdemont was allowed to leave the country free of charges. +

However, the Spanish authorities did not limit themselves to trying to achieve the extradition of President Puigdemont. He was not alone in the car returning from Helsinki, as stated above, and the courts began to prosecute them almost immediately (Noticias de Navarra, 2018):

MADRID. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto una investigación para determinar si los dos Mossos d'Esquadra y las otras dos personas que acompañaban al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont cuando fue detenido el domingo en Alemania han incurrido en algún tipo de delito.

Según han informado hoy fuentes del Ministerio Público, la Fiscalía ha incoado estas diligencias de investigación para depurar las posibles responsabilidades penales en las que habrían podido incurrir estas cuatro personas, entre las que también figura el empresario Josep María Matamala y un profesor.

La Policía Nacional ha denunciado ante la Audiencia Nacional a los mossos Xabier Goicoechea Fernández y Carlos de Pedro López, que acompañaban en el vehículo a Puigdemont cuando fue detenido en territorio alemán a pocos kilómetros de la frontera danesa.

En paralelo a esta investigación, los Mossos también han abierto una información reservada sobre estos dos agentes, uno de ellos, Goicoechea Fernández, encuadrado en el departamento de escoltas de la policía autonómica catalana.”

The four companions

The two police officers accompanying Puigdemont were arrested in Catalonia the following day (EB 2018), but were soon freed, as were the other two companions. No-one were mentioned in the EAW.

All four were later summoned to the Audiencia Nacional. In May three of them answered the questions put to them by the court.  

“Tres de las cuatro personas que acompañaban al expresidente catalán Carles Puigdemont cuando fue detenido en Alemania el pasado 26 de marzo han ofrecido este lunes su versión en la Audiencia Nacional. Ante el juez han sostenido que recogieron a Puigdemont para llevarlo a la Fiscalía belga una vez conocida la orden internacional de detención. No pretendían ampararle en ninguna huida, han asegurado.

Los dos agentes de los Mossos d'Esquadra, Xavier Goicoechea Fernández y Carlos de Pedro López, y el profesor de la Universidad de Barcelona Josep Lluís Alay han comparecido ante el juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 Diego de Egea. El hombre de confianza del 'expresident', el empresario Josep María Matamala, no se ha presentado. Fuentes jurídicas confirman que no ha acudido dado que no se le ha podido hacer llegar la citación.”

Josep Maria Matamala, a long-time friend of the President, became a member of the short-lived Spanish Senate in 2019, but when it was about to be dissolved and his parliamentary immunity was due to thereby lapse, he decided to return to Belgium, where he had founded and run both CATGlobal ASBL and Catalunya Cultura i Progrés AISBL, better known as “CATCiP”. These associations support the current Catalan presence in Belgium. (de Diego 2019)

“Matamala, más conocido como 'Jami' y miembro del núcleo duro de Puigdemont, fue una de las personas que ayudó al expresident de la Generalitat de Cataluña a huir de España tras la fallida declaración de independencia y quien alquiló por 4.000 euros al mes la mansión de Waterloo en la que vive Puigdemont desde noviembre de 2017. Por este motivo, la Audiencia Nacional dictó una orden de detención contra él por un delito de encubrimiento.

The case was closed in 2018 by judge De Egea, but reopened later. (Pérez, 2018)

Further to this issue, the Spanish government refused to authorize the bodyguard service, outside Spain, that the Generalitat offers all its former Presidents, arguing that he should have been in gaol. (Deia 2018)

The two police officers went on trial on July 6th 2021, accused of concealing president Puigdemont as he was driving back to his place of residence, to report to the local police station, as he had done before. They faced 3 years in gaol and debarment from public office. Soon after, on July 23, they were found not guilty. (López-Fonseca 2021).  Tratándose de un supuesto encubrimiento cometido en el exterior, uno puedo pensar que hubiera sido la justicia alemana la encargada de enjuiciarlos.

 Otro caso es el de la,Mh Laura Borras, actual presidenta del Parlament de Catalunya (1)(2)

4. Audiencia Nacional

Entre el 20 de enero y el mes de junio de 2020, es decir casi tres años despues de los supuestos hechos delictivos, se celebra el juicio del major Trapero, una comandante del mismo cuerpo, y varios altos cargos del Departament. La defensa consigue destrozar las argumentos de la acusación. Sin embargo, hasta el final del juicio la fiscalía mantiene la acusación de rebelión, a pesar de la sentencia del Tribunal Supremo del año anterior. Se preguntaba el periodista Jordi Garcia-Soler (2020): 
 
"¿No es otra barbaridad [como el mismo juicio], esta no política sino jurídica, que Trapero sea acusado ahora por un delito como el de rebelión, que el Tribunal Supremo rebajó al de sedición en la causa instruida contra los principales responsables políticos y sociales del “procés”? 
El fiscal Carballo obvió un detalle sustancial: si el ex-mayor Trapero es juzgado estos días por la Audiencia Nacional es única y exclusivamente porque está acusado de rebelión. Porque si Trapero estuviese acusado de sedición debería ser juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña."

Dice la abogada del major Trapero, Olga Tubau:

“Un ciudadano de un pueblo libre no debe expiar las faltas que no son suyas ni ser víctima de la impotencia y egoísmo del Estado, y esto es algo que los tribunales pueden evitar. Les pido que lo eviten con la sentencia absolutoria. Y disculpen este espectáculo lamentable" (Pronóstika 2020).

 La Fiscalía, que no retiró la acusación de rebelión hasta el final, cargó contra el major con enorme dureza: “Su actuación no ha sido deplorable, sino delictiva”. (Gálvez 2020).
 
Al final del largo juicio, el Tribunal absolvió tanto a Trapero como los altos cargos del Departament d'Interior igualmente procesados. Ahora bien, la fiscalía, con un cinismo grotesco, declara que...
 
"La Fiscalía, tras un estudio sereno, ponderado y riguroso de la sentencia y su voto particular, y conforme a los estándares actuales, ha decidido no recurrirla debido a las limitaciones legales que actualmente rigen el recurso de apelación contra sentencias absolutorias. ... El Tribunal ha valorado las pruebas practicadas de acuerdo a su conciencia y leal saber y entender, y lo ha fundamentado de una manera clara y precisa en cada uno de los puntos objeto de debate, lo que hace que sea difícilmente revisable en una segunda instancia." (Marraco 2020)
 
Posteriormente, Olga Tubau se ha mostrado muy crítica con el proceder del Tribunal Supremo, en que trató el major Trapero más como acusado que como testimonio. https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/1872533-trapero-no-va-condemnar-pas-els-politics-al-suprem.html

Hay, pues, una enorme discrepancia entre las sentencias de los dos altos tribunales, en la valoración de la actuación de los Mossos, que el 20 de septiembre de 2017 habrían podido cerrar las calles adyacentes al Departament d'Economia, (cuando la guardia civil irrumpe en el centro de Barcelona, sin que los Mossos tengan aviso alguna, dando lugar un manifestación de decenas de miles de ciudadanos, durante el registro) y el 1 de octubre de 2017 durahnte el referéndum, tal como explica el profesor José Luis Martí (2020):

El [Tribunal] Constitucional no podrá obviar que un tribunal tan importante como la Audiencia Nacional ha hecho un relato de los hechos del 20-S y del 1-O del 2017 tan distinto del realizado por el [Tribunal] Supremo.
 
Otro caso notorio promovido por la Audiencia Nacional ocurrió en septiembre de 2018. Se trata de la "Operación Judas" (Wikipedia). Nueve catalanes independentistas fueron arrestados por la policia española y trasladados a Madrid, acusados de pertenecer a un grupo terrorista. En un taller de uno de ellos, la policia encontró "sustancias sospechosas de poder ser utilizadas para elaborar explosivos caseros como la termita" mientras que los miembros afirmaron que era material para la preparación de fuegos artificiales para su grupo de "diables" (una tradición catalana, de lanzadores de fuegos artificiales en fiestas). Algunos de los acusados fueron privados de sueño durante más de 24 horas, se les interrogó ininterrumpidamente durante más de 6 horas y fueron sometidos a coacciones y amenazas. A partir del 20 de diciembre se fueron decretando libertad con fianzas de entre 5.000 y 10.000 euros, ya que según la propia investigación cuestionaba que las sustancias encontradas pudieran considerarse explosivos. Los dos últimos detenidos fueron liberados con cargos, bajo fianza, el día 10 de enero de 2020. Todos esperan, al cabo de 18 meses, su juicio (si el caso no se archiva). Tanto las detenciones, como los registros, como las declaraciones de algunos de ellos ante el juez instructor fueron ampliamente difundidas por la prensa española, para crear un clima contrario a los Comités de Defensa de la República en particular, y al independentismo en general. Lo mismo sucedió con Tamara Carrasco, que difundió uns explicación por WhatsApp, de una reunión de los CDRs de su comarca, y se encontró en Madrid, acusada de terrorismo y confinada a su municipio durante más de un año sin posibilidad siquiera de visitar a su madre enferma. (WeReport,cat, 2019, http://wereport.cat/tamara-carrasco-activist-of-the-cdr-of-viladecans/). En octubre de 2021, dos años y medio despues de su aparatoso arresto ante las cámaras afines el 10 de abril del 2018, el juez de Gavà decretó su absolución -en contra del criterio de la fiscalía- de la única acusación restante, la de desórdenes públicos. https://www.elnacional.cat/es/politica/abolsen-tamara-carrasco_544629_102.html
 
Se trató de un caso más de arrestar a alguien y acusarle de absurdos crímenes, para asustar y amedrentar a los CDRs (de los cuales hay docenas -aunque apaciguados en el último año por culpa de la Covid-19-), con gran cobertura mediática por parte de los medios de comunicación españoles, donde la presunción de inocencia salta por los aires. Hacen lo mismo con los políticos y altos funcionarios, amenazándoles de confiscar todo su patrimonio...

 
5. "Tribunal" de Cuentas

Otro caso claro de lawfare contra el proceso de independencia de Cataluña con otra manifiesta injusticia, que deja los afectados, de entrada, un un estado grave de indefensión y con la negación de la presunción de inocencia, es el del Tribunal de Cuentas, que NO es un tribunal de justicia.
 
Todos los países tiene un órgano fiscalizador de las cuentas de las administraciones públicas.  En los países anglosajones (y otros) los miembros del organismo son contables y economistas. En otros, como España, son de cualquier profesión. Al ser un órgano que estudia la actuación de los partidos en las administraciones, es enormemente importante que sea (y sea visto como) independiente de los partidos. Pero el Tribunal de Cuentas español incluye hasta a exministros. De hecho está eficazmente controlado por el Partido Popular.

El Estado español tiene una auténtico pavor a la acción exterior de Cataluña, realizada a través de delegaciones en varias docenas de países (y parecido a la tarea exterior de Andalucía y el País Vasco, nunca cuestionada). En diciembre de 2017, a los pocos meses de destituído el gobierno catalán, una comisión mixta parlamento-Tribunal de Cuentas pidiò un informe fiscalizador (que todavía no le ha llegado, creo) de la acción exterior de Cataluña desde 2011 hasta 2017. Sin que haya ninguna sentencia que haya verificado actuaciones ilegales en esta actividad, el "Tribunal" ha hecho un informe larguísimo donde acusa de malversación a más de 30 políticos y altos funcionarios, a los cuales piden fianzas millonarias antes de su resolución final, por la adquisición de billetes de avión, botellas de vino para comidas con invitados, etc. Entre los afectados hay  el muy prestigioso profesor Andreu Mas-Colell, lo que ha provocado la manifestación de protesta por parte de más de 30 premios Nobel de Economía (Gisbert 2021). La indefensión es colosal, y la arbitrariedad en los criterios, sin límites. El objetivo claro es arruinar a los dirigentes independentistas.
 
Afortunadamente, la Generalitat ha respondido con un Decreto-Ley que establece un fondo general de protección de sus funcionarios y altos cargos mientras no sean declarados culpables con sentencia firme, a financiar a través de bancos o el Institut Català de Finances. Otras comunidades autónomas tienen un organismo muy parecido.
 
6. El Senado.  
  
El artículo 155 de la Constitución se redactó en 1978. El texto es bastante claro:
    1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

    2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas. (Constitución Española 1978)

Durante su trámite parlamentario en 1978, fueron rechazadas varias enmiendas que facultaban al Gobierno estatal disolver un cámara regional, o destituir un gobierno regional. 

Sin embargo, esto fue justamente lo que hizo el Gobierno español con el beneplácito del Senado, en octubre de 2017. Ni que decir tiene que el Tribunal Constitucional rechazó los recursos contra las medidas adoptadas, haciendo caso omiso de la voluntad clara del legislador.

7. A modo de conclusión.
 
Para el Estado español, incluyendo el "Deep State" todo vale para garantizar la unidad de España, sagrada según palabras de más de uno, incluyendo el anterior primer ministro de España, Mariano Rajoy. Lo plasmó muy bien el Magistrado Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, en el acto de apertura del año judicial, el 5 de septiembre de 2017: el día antes de que el Parlament de Catalunya tramitara las dos leyes referidas al referéndum y, eventualmente, al proceso de independencia:
 
"Cuando [el] artículo 2 [de la Constitución vigente, de 1978) residencia el fundamento constitucional en la indisoluble unidad de la Nación española, no lo hace a modo de frontispicio programático, sino como basamento último, nuclear e irreductible de todo el Derecho de un Estado."
 
Ni derechos fundamentales ni bienestar de la ciudadanía ni imperio de la ley, ni justicia. La Unidad de la Patria, (Una, Grande, Libre) pregonada -a capa y espada, y a sangre y fuego- por el régimen franquista, sigue rigiendo la estrategia del Estado español.


Notas


1. Laura Borràs (1)

"- Llavors una repressió més astuta és atacar als independentistes per altres causes: malversació (com la que la que se'ls va imputar al Judici del Procés), corrupció, desobediència, terrorisme, etc... Perquè davant una acusació d'aquest tipus es persegueix al polític dissimulant la motivació política. Per això el cas de Laura Borràs amb la corrupció, o les amenaces a Roger Torrent si permetia investidura de Puigdemont per incompliment de reglament, o l'acusació a Quim Torra per desobediència per una pancarta, o l'acusació de terrorisme contra els CDR, etc...

- I a partir d'ara que tocaré en concret el cas Laura Borràs, però que quedi clar que parlo com a independentista d'esquerres, que no tinc res a veure amb el PDECAT, i que tampoc conec a Laura Borràs.

- No sóc expert en comptabilitat ni adjudicació de contractes públics, però en el cas de Laura Borràs em queda clar que no hi ha delicte escoltant l'entrevista al 324 d'Oriol Ponsati, actual director de l'Institut de les Lletres Catalanes: https://www.vilaweb.cat/noticies/video-oriol-ponsati-laura-borras/ que explica que la Sindicatura de Comptes no va trobar delictes en la seva gestió i només han apuntat inicidències que són generalitzables. No us perdeu tampoc la investigació d'Albano Dante Fachín d'Octuvre: https://octuvre.cat/loperacio-borras-explicada-en-detall/.

- Més enllà de si Laura Borràs és condemnada o no, ens trobem que la GC ha buscat un delicte de Laura Borràs (significada per ser una de les cares de l'independentisme) i l'ha portat al TS. Ara hi ha un suplicatori. El suplicatori segurament sortirà endavant perquè les forces nacionalistes espanyoles són majoria al Congrés. Però què faran els partits d'altres nacionalismes o simplement demòcrates com Podemos o Más País? Si voten en contra el suplicatori hi hauria una imatge molt potent i una complicació pel PSOE que governa, en part, gràcies a aquestes forces."
 
22 de juny de 2020

(2)
La Sindicatura de Ajuste de Cuentas diu que no hi ha cap rastre de irregularitats en la gestió de la Consellera @LauraBorras. Pero, calumnia que alguna cosa queda... quin desproposit tot plegat!!. Enhorabona Consellera!!.

Referencias


Badcock, James (2017). Spain Is Flirting With Another Civil War. Will Madrid’s coming standoff with Catalonia be resolved around a negotiating table, or either sides of barricades? Foreign Policy,  27 SEP 2017. https://foreignpolicy.com/2017/09/27/spain-is-flirting-with-another-civil-war/
 
Barceló, Mercè (2020): "Un judici a tota la universitat. «Els que sostenen que els Síndics "s'ho han buscat", no han entès res de res. Aquí no hi ha posicions equidistants. Cal mullar-se una vegada més»". Nació Digital, 9 OCT 2020. https://www.naciodigital.cat/baixpenedes/opinio/22164/judici-tota-universitat
 
BOE (2005). Ley Orgánica 2/2005, de 22 de junio, de modificación del Código Penal. BOE núm. 149 de . https://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo2-2005.html
 
Burgen, Stephen (2018). "Catalan politicians charged a year after independence vote. Attorney general to pursue most serious charges of rebellion and misuse of public funds", The Guardian, 2 NOV 2018, https://www.theguardian.com/world/2018/nov/02/catalan-politicians-charged-a-year-after-independence-vote-referendum
 
Casulleras Nualart, Josep (2020). Olga Tubau: ‘Era conscient que l’estat amb majúscules volia condemnar Trapero’, VilaWeb, 27 OCT 2020. https://www.vilaweb.cat/noticies/entrevista-olga-tubau-sentencia-trapero-absolucio/
 
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Dunlap, Colonel Charles J., Jr. (2001). "Law and Military Interventions: Preserving Humanitarian Values in 21st Conflicts" (PDF). http://people.duke.edu/~pfeaver/dunlap.pdf 

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López-Fonseca, Óscar (2021). "Absueltos los dos ‘mossos’ que acompañaban a Puigdemont cuando fue detenido en Alemania. La sentencia considera probado que los agentes ayudaron al ‘expresident’ a intentar evitar su arresto, pero entiende que no cometieron un delito de encubrimiento. El País, 23 JUL 2021. https://elpais.com/espana/2021-07-23/absueltos-los-dos-mossos-que-acompanaban-a-puigdemont-cuando-fue-detenido-en-alemania.html
 
 
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"La Fiscalía renuncia a recurrir la absolución de Josep Lluís Trapero. Esgrime la dificultad para enmendar la decisión de la Audiencia y cierra la posibilidad de que el mayor de los Mossos d'Esquadra sea condenado por su papel en el procés". El Mundo, 28 OCT 2020. https://www.elmundo.es/espana/2020/10/28/5f99218dfdddff1ca98b4714.html  
 
Martí, José Luis (2020). "Las consecuencias de la absolución de Trapero. El Constitucional no podrá obviar que un tribunal tan importante como la Audiencia Nacional ha hecho un relato de los hechos del 20-S y del 1-O del 2017 tan distinto del realizado por el Supremo" El Periódico, 25 OCT 2020.  https://www.elperiodico.com/es/opinion/20201025/las-consecuencias-de-la-absolucion-de-trapero-por-jose-luis-marti-8172929
 
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Público (2021). "La fiscalia recorre l'absolució dels cinc membres de la Sindicatura Electoral del referèndum de l'1-O", Público, 29 ABR 2021. https://www.publico.es/public/fiscalia-recorre-l-absolucio-dels-cinc-membres-sindicatura-electoral-referendum-l-1.html  
 
"El ministeri públic justifica la decisió contra una sentència clara perquè assegura que es va produir un error en l'apreciació de la prova. L'Audiència Provincial de Barcelona revisarà ara la decisió judicial."
 
Ríos, Pere (2020). "Condenados por desobediencia a 20 meses de inhabilitación cuatro diputados de la Mesa del Parlament de 2017. El TSJC absuelve a la quinta acusada, Mireia Boya, entonces presidenta del grupo de la CUP", El País, 19 OCT 2020.
 
The Guardian (2018). "Grave concern for electoral monitors facing jail in Spain", The Guardian, Letters, 7 DEC 2018. https://www.theguardian.com/world/2018/dec/07/grave-concern-for-electoral-monitors-facing-jail-in-spain 
 
VilaWeb (2018). "Torra: ‘El poder judicial espanyol comet una de les pitjors barbaritats que s’han vist a Europa els últims anys’. El president de la Generalitat expressa la solidaritat i el suport a la denúncia de Jordi Sànchez i Jordi Turull". VilaWeb, 1 DEC 2018. https://www.vilaweb.cat/noticies/torra-el-poder-judicial-espanyol-comet-una-de-les-pitjors-barbaritats-que-shan-vist-a-europa-els-ultims-anys/
 

VilaWeb (2021). "Desautorització inèdita a un jutge i a la fiscalia per vulneració de drets a investigats per l’1-O. L'Audiència de Barcelona arxiva la causa per malversació contra l'Associació Catalana de Municipis per vulneració de drets". VilaWeb, 15 JUL 2021. https://www.vilaweb.cat/noticies/audiencia-barcelona-arxiva-acm-desautoritzacio-jutge-fiscalia/
 
 
 Wikipedia. "Operación Judas", https://es.wikipedia.org/wiki/Operaci%C3%B3n_Judas. Consultado el 16 de juliol de 2021.
 
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See also:  
 
Tsavkko Garcia, Raphael (2019b). While ETA no Longer Exists, Spain finds ways to Further Criminalize the Pro-sovereignty Movements in Catalonia. Spain is continuing its crackdown on the Catalan independence movement. Foreign Policy Digest, 26 SEPT 2019. https://intpolicydigest.org/while-eta-no-longer-exists-spain-finds-ways-to-further-criminalize-the-pro-sovereignty-movements-in-catalonia/
 
Tsavkko Garcia, Raphael (2019a). Spain has taken to pressuring other countries to disavow officials who have shown any sort of solidarity with Catalonia. Foreign Policy Digest,8n AUG 2019.

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Cartas anteriores: 


2. Los medios manipuladores y engañadores: https://miquelstrubell.blogspot.com/2017/04/cartas-amaia-2.html




6. ¿El proceso independentista está asustando a los inversores? ¡Ja! https://miquelstrubell.blogspot.com/2017/09/cartas-amaia-6.html 

7. No es un conflicto de orden, ni policial ni judicial. ¡Es un conflicto político!  https://miquelstrubell.blogspot.com/2017/10/cartas-amaia-7.html

8. Persecución de presidentes independentistas, y mentiras sobre el movimiento. https://miquelstrubell.blogspot.com/2020/10/cartas-amaia-7.html

9. Valoración antes de las elecciones de febrero de 2021.  https://miquelstrubell.blogspot.com/2021/01/cartas-amaia-9.html#more



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